El Senado de la República aprobó el viernes 26 de diciembre una proposición para citar a todos los ministros del Gobierno del presidente Gustavo Petro a un debate de control político por la declaratoria de emergencia económica hecha mediante decreto en diciembre de 2025. La iniciativa, presentada por el senador Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical), busca que los altos funcionarios expliquen ante la plenaria las razones, alcances y consecuencias de esta medida excepcional.
La citación se aprobó en una sesión extraordinaria celebrada en pleno receso legislativo, lo que marca un hecho poco común en la práctica parlamentaria. Normalmente el Congreso retoma actividades en marzo, pero los senadores argumentaron que la situación económica y el decreto justificaban intervenir incluso fuera del calendario regular, pues el control político “puede ejercerse en todo tiempo” según la Constitución.
📉 Antecedentes de la emergencia económica
El Gobierno decretó el estado de emergencia económica y social por un período de 30 días, argumentando una inminente crisis fiscal que alcanzaría cerca de 16 billones de pesos tras el hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso. Con esta figura, el Ejecutivo busca expedir decretos con fuerza de ley para afrontar el déficit, garantizar programas sociales, cumplir obligaciones presupuestales y resolver problemas estructurales de financiación estatal.
La medida se produjo luego de que el Congreso rechazara iniciativas tributarias destinadas a cubrir el presupuesto de 2026, situación que el Gobierno calificó como un hecho extraordinario e imprevisible que pone en riesgo los derechos fundamentales de la población y la estabilidad económica.
⚖️ Debate político y cuestionamientos
La declaratoria del estado de excepción abrió un fuerte pulso entre el Ejecutivo y el Legislativo. Desde el Congreso se advirtió que el rechazo a una ley tributaria no constituye por sí mismo un hecho extraordinario que justifique una emergencia, e incluso se insistió en que permitir una interpretación más amplia podría afectar la separación de poderes.
Además, varios senadores señalaron posibles riesgos económicos por decisiones del Gobierno, como la venta de títulos de deuda pública (TES) por 23 billones de pesos a un único comprador extranjero, operación que será también objeto de examen durante el debate de control político.
Por su parte, el Gobierno ha sostenido que el Congreso solo puede iniciar el estudio formal del estado de emergencia cuando reciba el informe oficial sobre las medidas adoptadas, conforme al artículo 215 de la Constitución y la Ley 137 de 1994. Sin embargo, los legisladores reivindican su facultad de preguntar y ejercer control en cualquier momento.
🏛️ La proposición aprobada
El Senado aprobó la convocatoria a todos los ministros para que expliquen de manera detallada el decreto de emergencia y las medidas tomadas para afrontar la crisis fiscal y social. Esta decisión no solo implica un examen político sino también jurídico, ya que el Congreso puede revisar la constitucionalidad y oportunidad de las disposiciones adoptadas bajo el estado de excepción.
El debate será clave para aclarar si las decisiones del Ejecutivo son proporcionales a la situación económica, constituyen una extralimitación de funciones o si efectivamente representan la única salida para evitar recortes profundos al gasto público y a los programas sociales.
🧭 Contexto general
La discusión se inscribe en un panorama de confrontación política recurrente entre el Gobierno y el Congreso durante la administración Petro. La emergencia económica y los nuevos tributos que podría decretar sin aprobación legislativa han generado críticas de la oposición y de algunos sectores sociales, que consideran que la medida podría ser declarada inconstitucional por la Corte Constitucional.
Con la citación a los ministros, el Legislativo busca ejercer un contrapeso institucional y garantizar transparencia en la toma de decisiones en un momento de alta tensión fiscal y política para el país.