Seis importantes centros de pensamiento en Colombia presentaron una agenda estratégica de políticas públicas, denominada “Colombia Progresa 26-30”, que propone reformas estructurales para impulsar la productividad, la inversión, la salud, la seguridad y la competitividad en el país durante el periodo 2026-2030.
La iniciativa conjunta fue liderada por ANIF, el Consejo Privado de Competitividad, el Centro Regional de Estudios de Energía (CREE), la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe), Así Vamos en Salud y el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), con el objetivo de presentar propuestas concretas que puedan implementarse desde el primer día de la próxima administración pública.
Propuestas principales para el crecimiento económico
Según el diagnóstico común, Colombia enfrenta desafíos como la baja inversión, trámites complejos, deterioro del sistema de salud y problemas de seguridad que afectan la economía y la vida social.
En materia económica, se enfatiza la ampliación del acceso al crédito formal, la simplificación de trámites regulatorios y la modernización del mercado de capitales para movilizar recursos hacia la inversión productiva y elevar el crecimiento económico sostenible.
Salud, energía y seguridad
La hoja de ruta también aborda la urgencia financiera del sistema de salud, con propuestas para estabilizar aseguradoras y modernizar infraestructura, así como planes para fortalecer la seguridad interna como factor clave para atraer inversión y reducir costos económicos asociados a la violencia.
En el sector energético, los centros alertan sobre posibles tensiones en energía firme y proponen medidas regulatorias y financieras para asegurar la sostenibilidad y la competitividad del sector en el mediano plazo.
Competitividad e institucionalidad
El documento apunta a depurar normas, reducir barreras regulatorias y reformar procesos administrativos con el fin de hacer el marco legal más predecible, eficiente y orientado al crecimiento.
La agenda “Colombia Progresa 26-30” busca no solo diagnosticar los principales obstáculos al desarrollo, sino ofrecer soluciones prácticas y normativas para que las políticas públicas beneficien a ciudadanos, empresas y sectores productivos desde 2026 en adelante.
