El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció la puesta en marcha de una serie de operativos de reforzamiento de la seguridad en distintas zonas del departamento de Nariño, en respuesta al preocupante aumento de enfrentamientos armados y desplazamientos forzados que amenazan la estabilidad regional a pocas semanas de las elecciones presidenciales programadas para el 31 de octubre.
Según el alto funcionario, la decisión del Gobierno Nacional obedece a la necesidad urgente de garantizar el orden público y proteger a la población civil, en medio de una creciente disputa territorial entre grupos armados ilegales que buscan consolidar su influencia en corredores estratégicos del suroccidente del país.
Combates y desplazamientos
Uno de los casos más críticos se presenta en el municipio de Cumbitara, donde desde el pasado 23 de marzo se han registrado intensos enfrentamientos armados entre disidencias de las antiguas FARC, al mando de Iván Mordisco, y otras estructuras ilegales como los llamados Comuneros del Sur. Esta confrontación ha generado un grave impacto humanitario, con más de 200 familias desplazadas que han tenido que abandonar sus hogares en busca de refugio y seguridad.
“El Estado no puede permitir que estas organizaciones criminales continúen sembrando terror en las comunidades. Vamos a incrementar la presencia de la Fuerza Pública con operaciones sostenidas que permitan recuperar el control institucional en estas zonas”, señaló el ministro Sánchez.
Alarma en la costa
La situación no se limita únicamente a Cumbitara. Las autoridades han identificado una preocupante expansión de la violencia hacia municipios de la costa pacífica nariñense, donde también se ha evidenciado la injerencia de grupos armados ilegales en asuntos electorales. Entre las localidades más afectadas se encuentran El Charco, Barbacoas, Ricaurte, Roberto Payán, Magüí Payán, Mosquera y Santa Bárbara de Iscuandé.
De acuerdo con informes de inteligencia, estos grupos buscan influir en el desarrollo de las próximas elecciones presidenciales mediante intimidación a líderes sociales, restricciones a la movilidad y presiones directas sobre la población civil. Esta situación ha encendido las alarmas de las autoridades, que advierten sobre el riesgo de afectaciones a la democracia en estas regiones históricamente golpeadas por el conflicto armado.
Grandes necesidades
En la zona de cordillera, el panorama también es alarmante. En el municipio de Policarpa, cerca de dos mil personas enfrentan condiciones extremadamente precarias tras haber sido desplazadas por la violencia. Las familias afectadas reportan graves necesidades en materia de alojamiento, alimentación y atención médica, lo que ha generado un llamado urgente a las entidades humanitarias para intervenir en la zona.
“La crisis humanitaria que se vive en Policarpa es de gran magnitud. Estamos articulando esfuerzos con otras instituciones del Estado para garantizar ayuda inmediata a estas comunidades, pero también es fundamental recuperar el control del territorio”, indicó el ministro.
En riesgo proceso democrático
Las autoridades han reiterado que la proximidad de las elecciones incrementa el riesgo de acciones violentas por parte de estos grupos ilegales, que ven en el contexto electoral una oportunidad para fortalecer su poder territorial y político. En ese sentido, el Gobierno ha anunciado un despliegue adicional de tropas del Ejército y unidades de la Policía Nacional en puntos estratégicos del departamento.
Asimismo, se contempla la implementación de puestos de control, patrullajes permanentes y operaciones de inteligencia que permitan anticipar y neutralizar posibles amenazas. El objetivo, según explicó Sánchez, es garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en condiciones de seguridad y libertad.
Líderes sociales y autoridades locales han respaldado la medida, aunque insisten en que se requiere una intervención integral que no solo contemple acciones militares, sino también inversión social y presencia institucional sostenida.
“La seguridad es fundamental, pero también necesitamos oportunidades para nuestras comunidades. Mientras no se atiendan las causas estructurales de la violencia, estos problemas seguirán repitiéndose”, expresó un líder comunitario de la región.
Situación difícil
El panorama en Nariño refleja los desafíos que enfrenta el país en materia de seguridad y consolidación de la paz, especialmente en territorios donde persisten economías ilegales y débil presencia estatal. La respuesta del Gobierno será clave para evitar que la violencia continúe escalando y para garantizar la transparencia del proceso electoral.
A menos de dos meses de los comicios, la atención está puesta en la efectividad de estas medidas y en la capacidad de las instituciones para proteger a la población civil. Mientras tanto, miles de familias desplazadas esperan soluciones urgentes que les permitan reconstruir sus vidas en medio de la incertidumbre.
Con este anuncio, el Gobierno busca enviar un mensaje claro: no se permitirá que los gestores de la violencia interfieran en la democracia ni sigan afectando a las comunidades más vulnerables del país.
