Bajo la dirección del alcalde Yider Luna Joven, el reciente Consejo de Seguridad en Pitalito intentó abordar la preocupante escalada de criminalidad que afecta tanto el casco urbano como la zona rural. La reunión, que congregó a la cúpula militar y judicial, se centró en la necesidad urgente de fortalecer la articulación entre el Ejército y la Policía. Sin embargo, más allá de la retórica sobre la importancia de la presencia institucional, los resultados siguen siendo insuficientes ante una realidad donde los sectores campesinos se sienten cada vez más vulnerables frente a las estructuras delictivas.
La administración presentó una serie de estrategias vigentes, cámaras inteligentes, anillos de seguridad y el programa “Vecino Vigilante”, como piezas clave de su gestión. No obstante, la proliferación de estas medidas no ha logrado disipar la percepción de inseguridad que padecen los comerciantes y caficultores. La llegada de apenas 12 nuevos uniformados, anunciada durante el encuentro, se percibe como una cifra exigua frente a la magnitud del desafío operacional que enfrenta el municipio. Es evidente que un refuerzo numérico menor no compensa las falencias estructurales en los sistemas de inteligencia y vigilancia territorial.
La ciudadanía exige que la concertación entre entidades deje de ser un ejercicio periódico de planificación para convertirse en un despliegue operativo contundente. Mientras el discurso se agota en promesas de puestos de control y redes de participación, la criminalidad continúa operando con relativa impunidad en los corredores viales. Pitalito no requiere de más diagnósticos sobre la situación actual, sino de una ejecución administrativa que garantice la protección real de los ciudadanos, superando la inercia de una seguridad que, por ahora, habita más en los documentos que en las calles.
