Aunque la misión de verificación de la ONU, señaló que las elecciones al Congreso del pasado 8 de marzo, se desarrollaron sin alteraciones graves y con una participación que superó el 50 por ciento, ahora de cara a los comicios presidenciales, el panorama de seguridad en Colombia, sigue siendo frágil.
Así lo manifiesta el más reciente informe de la Misión de Verificación de la ONU, en el que el secretario general de Naciones Unidas Antonio Guterres, expresó que la pasada jornada electoral se desarrolló en gran medida de “manera pacífica”, pero al mismo tiempo alertó que esto no significa un mejoramiento estructural en las condiciones de seguridad del paìs.
“Sigo preocupado por los incidentes de violencia que se produjeron durante la campaña y por la influencia que los grupos armados siguen ejerciendo en las zonas afectadas por el conflicto”, manifestó el funcionario.
Hechos de violencia
Al respecto el informe señala que pesar del despliegue de más de 246.000 integrantes de la Fuerza Pública durante las elecciones, se documentaron múltiples hechos que evidencian la persistencia del conflicto armado en los territorios.
Entre ellos, ataques a esquemas de seguridad de candidatos, la desaparición de un aspirante al Senado, la retención de lideresas indígenas y el asesinato de militares en medio de operativos relacionados con la logística electoral.
Además, la ONU advierte que en al menos 185 municipios existían riesgos altos antes de la jornada, especialmente en zonas rurales con fuerte presencia de grupos armados ilegales. En ese contexto, subraya que estas organizaciones continúan imponiendo control social y limitando la participación política.
Uno de los puntos críticos señalados es la situación del partido Comunes, surgido del acuerdo de paz con las FARC, cuyos integrantes denunciaron presiones y amenazas durante la campaña.
El informe recalca que “la participación política de los excombatientes sigue siendo un ejercicio de alto riesgo donde el Estado carece de presencia”.
TITULO (RECUADRO)
A mejorar condiciones en
próximo proceso electoral
De esta manera y, de cara a las elecciones presidenciales, la ONU insiste en la necesidad de reforzar las garantías de seguridad.
“A medida que se acercan las elecciones presidenciales, sigue siendo esencial garantizar la seguridad de los candidatos y los votantes”, advierte el informe, que también hace un llamado a evitar la violencia y la estigmatización durante la campaña.
El informe también evidencia un deterioro en la situación de orden público tras los ceses al fuego de fin de año. Desde enero, los enfrentamientos entre grupos armados se han intensificado y se han expandido a nuevas zonas, incluso con el uso de tecnologías como drones.
En el departamento
Al respecto, se indicó que uno de los departamentos más afectados en ese sentido, es el de Nariño, en especial en los municipios de la costa Pacífica y algunos de la cordillera, donde a pocas semanas para las elecciones a la presidencia de la República, se presentan combates entre grupos alzados en armas, lo que ha dado lugar a desplazamientos y a una situación de incertidumbre, ante la cercanía de las elecciones.
En efecto, las consecuencias humanitarias son significativas: más de 8.400 personas fueron desplazadas y cerca de 23.000 permanecieron confinadas en sus territorios durante el periodo analizado.
A esto se suman asesinatos de líderes sociales, masacres y hechos de alto impacto, como el hallazgo de 26 cuerpos —incluidos menores de comunidades indígenas— en el departamento del Guaviare.
Según la ONU, las disputas territoriales entre grupos armados, alimentadas por economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilícita, continúan siendo el principal motor de la violencia contra la población civil.
Balance desigual
En materia de paz, el balance es desigual. Mientras algunos procesos de diálogo con grupos armados han logrado avances puntuales, otros —como las negociaciones con el ELN— permanecen estancados.
El informe reconoce progresos en la implementación del acuerdo firmado durante el gobierno de Juan Manuel Santos, especialmente en la entrega de tierras, con más de 323.000 hectáreas adjudicadas.
Sin embargo, advierte sobre retrasos en la puesta en marcha de la jurisdicción agraria y riesgos de seguridad para los beneficiarios.
En cuanto a la reincorporación, más de 11.000 excombatientes siguen vinculados al proceso, aunque enfrentan dificultades en vivienda, empleo y sostenibilidad económica. La violencia contra esta población también sigue siendo crítica: desde la firma del acuerdo, 491 excombatientes han sido asesinados.
