Ante el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay, muchos se preguntan quién ocupará la curul que dejó en el Congreso de la República lo que configura claramente una situación absoluta que
En 81 páginas la Procuraduría General de la Nación le pidió al Tribunal Superior de Bogotá, revocar la sentencia que condenó al expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez a
Luego de confirmarse la muerte de senador, Miguel Uribe Turbay, seis aspirantes a la Presidencia de Colombia, han sido asesinados desde 1948 hasta el presente año. Los siguientes son los
Varadas en México, permanecen las alcaldesas de los municipios de Puerres, Graciela Lucero Hernández y de Cumbitara, Adriana López Marroquín, a consecuencia de una histórica temporada de lluvias, sin precedentes
La Corte Suprema declaró culpable al exdirector de la Policía, Rodolfo Palomino, por tráfico de influencias en un caso de 2014. Podría enfrentar hasta 12 años de prisión.
Alfredo Saade, exjefe de despacho presidencial de Gustavo Petro, será embajador de Colombia en Brasil. Su traslado al cargo diplomático ocurre en medio de controversias y una investigación disciplinaria, en un movimiento estratégico del gobierno para fortalecer las relaciones internacionales y ajustar su equipo político.
El senador León Fredy Muñoz rechazó haber facilitado la estadía de Carlos Ramón González, acusado de corrupción en la UNGRD, en la Embajada de Colombia en Nicaragua. Documentos revelan gestiones para su residencia el mismo día que fue imputado.
A sus 23 años, Juliana Guerrero asume como viceministra de Juventudes en el Ministerio de Igualdad. Llega al cargo mientras enfrenta investigaciones por el presunto uso indebido de aviones y helicópteros de la Policía.
Documentos revelan que la Embajada de Colombia en Nicaragua tramitó la residencia de Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y señalado en el escándalo de corrupción de la UNGRD, el mismo día de su imputación.
En entrevista con el portal Infobae, el exfiscal general Sergio Francisco Barbosa expresó su preocupación por la ley de sometimiento del gobierno Petro, que podría otorgar beneficios judiciales a los responsables del asesinato de Miguel Uribe, generando temores sobre la legitimación de criminales y el impacto en la seguridad y justicia en Colombia.
