Tribunal rechazó demanda contra el concejal Germán Páez Arenas
Redacción Extra
El concejal de Chiquinquirá, Germán Páez Arenas, continuará ocupando su curul en el Concejo Municipal luego de que el Tribunal Administrativo de Boyacá rechazara la demanda de pérdida de investidura que había sido presentada en su contra.
La decisión del alto tribunal no obedeció a un análisis de fondo sobre las acusaciones planteadas en el proceso, sino a un aspecto estrictamente procedimental. Según se conoció, la demanda no fue corregida dentro del término legal establecido, pese a que el tribunal había solicitado al demandante subsanar varios requisitos formales.
Ante el vencimiento del plazo sin que se presentaran las correcciones solicitadas, la corporación judicial decidió rechazar la acción, lo que en la práctica deja sin efecto el proceso y permite que el cabildante continúe ejerciendo sus funciones dentro del Concejo de la “Capital Religiosa de Colombia”.
La pérdida de investidura es considerada una de las sanciones más drásticas dentro del sistema jurídico colombiano para los funcionarios de elección popular. En el caso de concejales, este mecanismo puede aplicarse cuando se comprueba que incurrieron en violaciones al régimen de inhabilidades, incompatibilidades, conflicto de intereses o indebida destinación de recursos públicos.
No obstante, en este caso particular, el proceso no avanzó a la etapa de estudio de las presuntas irregularidades, debido a que la demanda no cumplió con los requisitos exigidos por la justicia administrativa dentro de los tiempos establecidos por la ley.
Este tipo de decisiones también pone en evidencia la importancia de que las acciones judiciales que buscan sancionar a servidores públicos estén debidamente sustentadas y cumplan con todos los requisitos formales. De lo contrario, los tribunales no pueden entrar a evaluar el fondo de las denuncias.
Mientras tanto, Germán Páez Arenas se mantiene firme en su curul y continúa participando en las decisiones y debates del Concejo Municipal de Chiquinquirá, corporación que cumple un papel clave en el control político y la aprobación de iniciativas para el desarrollo del municipio.
El caso ha generado diversas reacciones en el ámbito político local, especialmente en un contexto en el que la ciudadanía exige mayor transparencia y vigilancia sobre el ejercicio de los cargos públicos.
Para analistas y sectores ciudadanos, situaciones como esta evidencian tanto la necesidad de fortalecer los mecanismos de control institucional como la importancia de presentar denuncias sólidas que permitan a la justicia pronunciarse de fondo.
Por ahora, con la decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá, el proceso queda cerrado y el concejal Páez Arenas mantiene intacta su investidura, mientras el debate sobre la vigilancia y la responsabilidad política de los funcionarios públicos continúa en el escenario local.
