Por: Alina Silva Constanza
El incremento del peaje Pasto–Ipiales y el cobro de una doble tarifa sin doble calzada.
Desde el pasado 1 de julio, el peaje “El Placer”, ubicado en la vía que conecta a Pasto con Ipiales, registró un incremento tarifario que ha generado malestar generalizado entre transportadores, viajeros frecuentes y habitantes del sur de Nariño. La tarifa para vehículos livianos pasó de $16.300 a $19.900, con picos de hasta $23.200 para otras categorías, representando un aumento del 22 %.
Aunque este no es el peaje más caro del país superado por el de Cisneros (Antioquia) con tarifas superiores a los $31.000, sí es uno de los casos más polémicos por la forma en que se está aplicando: se está cobrando como si existieran dos peajes, pero solo hay uno en funcionamiento.
Cuando se adjudicó el proyecto de doble calzada Rumichaca–Pasto bajo el esquema 4G, se planteó instalar dos peajes: uno en El Placer y otro más adelante. Sin embargo, por presión de transportadores y comunidades especialmente en el sector indígena de San Juan, donde nunca se llegó a un acuerdo para la obra,solo se habilitó una caseta. La doble calzada en ese tramo quedó inconclusa, y el sector de San Juan se convirtió en un cuello de botella con un tráfico lento y riesgoso.
Lo sorprendente es que la caseta del segundo peaje está construida y lista para operar, pero jamás se activó. Aun así, la concesión vial está cobrando como si los dos peajes funcionaran. Es decir: el viajero paga dos veces por una infraestructura incompleta.
El proyecto está a cargo de la Concesionaria Vial Unión del Sur, liderada por Desarrollo Vial del Nariño S.A. (Devinar). Esta es una de las obras de cuarta generación (4G) más importantes del suroccidente colombiano. La regulación del cobro de peajes recae en el Ministerio de Transporte, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Invías.
Para 2025, la ANI autorizó un incremento del 1,8 %, correspondiente al ajuste por inflación. Sin embargo, en la práctica, el aumento supera el 23 % en varias categorías, lo que contradice el marco regulatorio y ha encendido las alarmas de sectores productivos, gremios y ciudadanía.
El impacto de este incremento va más allá del bolsillo de los conductores. Según expertos en logística y transporte, el valor de los peajes puede representar hasta el 40 % del costo del flete en algunas rutas. Esto afecta:
Precios de los tiquetes de transporte intermunicipal, que ya comenzaron a subir. Valor de productos y mercancías, especialmente los de la canasta básica.
Costos logísticos de las empresas, que deben trasladar la carga económica a los consumidores.
En una región como Nariño, cuya economía depende del comercio transfronterizo con Ecuador y de la distribución terrestre hacia el interior del país, estas alzas amenazan la competitividad y el acceso a bienes esenciales.
Mientras el cobro se duplica, la doble calzada aún no está concluida. El tramo de San Juan sigue siendo de una sola vía por sentido, generando congestiones y accidentes. El argumento de la concesión que el segundo peaje no se activa por presión social no justifica trasladar ese costo a la ciudadanía, menos aún cuando no se ofrecen los beneficios completos de la obra vial prometida.
Además, al no activar la segunda caseta, la concesión se ahorra todos los costos operativos y de personal, pero recauda como si estuvieran en funcionamiento los dos peajes. Es decir: menos gastos, más ingresos y nula compensación para el usuario.
¿Y quién responde?
La ANI y el Ministerio de Transporte están llamados a explicar por qué se autoriza un incremento desproporcionado, y a revisar el contrato con la Concesionaria Unión del Sur. También deben aclarar si existe una fórmula contractual que permite este cobro doble, o si se está ante un abuso de posición dominante que debe ser denunciado por vías legales.
La Contraloría y la Procuraduría también deberían intervenir, pues este tipo de decisiones afectan directamente el bienestar económico de millones de personas y alteran el equilibrio social de una región históricamente olvidada.
El sur de Colombia no puede seguir siendo visto como un “experimento” de concesiones viales mal reguladas. Nariño exige obras completas, tarifas justas y procesos transparentes. No basta con decir que el otro peaje “no se cobró”: en la práctica, se está cobrando sin estar en operación, lo que constituye un acto de injusticia vial.
Mientras tanto, los ciudadanos de a pie, los transportadores y las pequeñas empresas deben asumir un sobrecosto sin haber visto terminada la obra, ni una rendición de cuentas clara por parte del gobierno nacional.
Se salieron con la suya, pero no pueden quedarse con el silencio de todos.