Los 32 gobernadores del país, acompañados por los alcaldes de las principales
capitales, anunciaron su rechazo abierto al paquete de impuestos decretado por el
presidente Gustavo Petro en el marco de la emergencia económica. La medida, que
incluye aumentos significativos en los tributos sobre bebidas alcohólicas y cigarrillos,
ha desatado una profunda crisis con las autoridades territoriales, poniendo en
evidencia una creciente tensión institucional a pocos meses de las elecciones
legislativas y presidenciales.
Decreto
El decreto 1474 de 2025, promulgado por el Gobierno tras el hundimiento de la
reforma tributaria en el Congreso, grava el IVA sobre los licores del 5 % al 19 % y
eleva los impuestos a los productos del tabaco, con el objetivo declarado de
recaudar más de 11 billones de pesos en 2026 para enfrentar el déficit fiscal y
financiar servicios esenciales como salud y educación. Sin embargo, los
mandatarios regionales sostienen que estas modificaciones vulneran la autonomía
fiscal de los departamentos y trasladan recursos que históricamente han financiado
servicios públicos directamente desde las regiones hacia las arcas del Gobierno
nacional.
Acciones
Los gobernadores agrupados en la Federación Nacional de Departamentos (FND)
anunciaron que no aplicarán los nuevos tributos en sus territorios y que interpondrán
acciones legales, incluida la excepción de inconstitucionalidad, ante la Corte
Constitucional para frenar la entrada en vigencia de las medidas. Líderes
departamentales como Andrés Julián Rendón (Antioquia), Dilian Francisca Toro
(Valle del Cauca), Adriana Magali Matiz (Tolima) y Rafaela Cortés (Meta) encabezan
el bloque de oposición interna, argumentando que la medida no sólo es
inconstitucional, sino potencialmente dañina para la economía local y contraria a los
principios de descentralización establecidos en la Carta Magna.
Frente a esta rebelión, el Gobierno ha respondido con firmeza. Los ministros del
Interior y de Justicia advirtieron que quienes no acaten el decreto se enfrentarán a
acciones jurídicas, que podrían incluir sanciones administrativas e incluso
responsabilidad civil por el supuesto desacato a la norma. Además, el ministro
encargado de Justicia, Andrés Idárraga, subrayó que el decreto debe aplicarse
mientras la Corte no se pronuncie de fondo, y que el Ejecutivo buscará garantizar su
vigencia y ejecución en todo el territorio nacional.
Por su parte, voceros del Ministerio de Salud defendieron la medida, señalando que
los mayores impuestos sobre alcohol y tabaco obedecen a políticas de salud pública
respaldadas por evidencia científica, con el fin de reducir el consumo de productos
nocivos y destinar los recursos adicionales a fortalecer los servicios básicos para la
población.
