Carlos Gallardo
En los últimos meses, Colombia ha presenciado una escalada alarmante de violencia en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca. Las disidencias de las FARC, el narcotráfico y las bandas criminales han sumido a estas regiones en una crisis de inseguridad que parece no tener fin. A pesar de las promesas y discursos esperanzadores, el presidente Gustavo Petro, prácticamente no ha hecho nada por lo que considero que el país se le ha salido de las manos.
Nariño, Cauca y Valle del Cauca, zonas históricamente golpeadas por el conflicto armado, han visto un resurgimiento de la violencia que recuerda los peores momentos de nuestra historia reciente. Las disidencias de las Farc, que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016, han encontrado en estas tierras un terreno fértil para sus operaciones. El narcotráfico y la minería ilegal siguen siendo el combustible que alimenta estas dinámicas de conflicto, mientras que las bandas criminales, cada vez más sofisticadas y violentas, se disputan el control territorial a sangre y fuego.
La población civil se encuentra atrapada en medio de esta tormenta. Los asesinatos, secuestros, extorsiones y desplazamientos forzados son el pan de cada día. Las comunidades indígenas y afrodescendientes, que han luchado durante años por la defensa de sus territorios y derechos, están siendo despojadas y violentadas. Los líderes sociales, que se atreven a alzar la voz, enfrentan un riesgo constante de ser silenciados para siempre.
Frente a este panorama desolador, el gobierno de Gustavo Petro ha demostrado una ineficacia que resulta, cuando menos, alarmante. Las políticas de seguridad parecen ser más retóricas que acciones concretas. La falta de una estrategia clara y contundente para enfrentar a estos grupos criminales está condenando a miles de colombianos a vivir en un estado de terror permanente. Petro, quien llegó al poder con la promesa de un cambio significativo, parece haber subestimado la complejidad y gravedad del problema.
El enfoque del presidente Petro en otros temas, aunque importantes, no puede justificar el abandono de la seguridad en estas regiones. La paz y la seguridad son pilares fundamentales para cualquier sociedad que aspire a desarrollarse y prosperar. La incapacidad del gobierno para garantizar la seguridad básica de sus ciudadanos no solo pone en peligro vidas, sino que también socava la confianza en las instituciones y en la democracia misma.
En conclusión, la situación en Nariño, Cauca y Valle del Cauca es un recordatorio doloroso de las fallas y los desafíos que aún enfrenta Colombia. La inacción del gobierno de Gustavo Petro no solo es decepcionante, sino peligrosa. Es imperativo que el presidente recupere el control y demuestre con hechos, y no solo con palabras, que la seguridad de todos los colombianos es una prioridad. El país no puede permitirse seguir desmoronándose bajo el peso de la violencia y la indiferencia gubernamental.