El aspirante señaló a los gobernadores de Nariño y Boyacá y denunció exigencias para respaldar a su contrincante.
Luis Alfonso Escobar Jaramillo, Gobernador de Nariño y Carlos Andrés Amaya Rodríguez, Gobernador de Boyacá. Imagen apoyada con IA
La campaña presidencial entró en su recta final envuelta en nuevas denuncias. Desde Buga, Valle del Cauca, el candidato Abelardo de la Espriella lanzó una dura advertencia sobre lo que, según él, estaría ocurriendo en varias zonas de Nariño y Cauca, donde grupos armados y dirigentes políticos estarían ejerciendo presión sobre los ciudadanos de cara a la segunda vuelta presidencial. Ante miles de seguidores, el aspirante aseguró que en más de 46 de los 64 municipios de Nariño y en más de 36 de los 42 municipios del Cauca existe un ambiente de intimidación y temor. Incluso, señaló directamente al gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, de presionar a alcaldes y habitantes de la región para respaldar la candidatura de Iván Cepeda.
Mensaje
“No sea bandido, gobernador, no presione a la gente. Deje de presionar a los alcaldes del departamento y a los ciudadanos”, expresó De la Espriella en uno de los momentos más encendidos de su intervención.
El candidato también extendió sus señalamientos al gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, a quien acusó de supuestamente intervenir en política y de presionar a alcaldes y funcionarios para favorecer a su contendor en las urnas. Según el aspirante, existe una “mafia” dedicada a la compra de votos que no solo tendría presencia en la región Caribe, sino también en otros departamentos del país.
De la Espriella denunció además que en algunos municipios del Pacífico y de la cordillera nariñense grupos ilegales estarían exigiendo fotografías del tarjetón marcado por Cepeda para permitir el paso de ciudadanos por retenes clandestinos. Según su versión, la imagen del voto serviría como una especie de salvoconducto en zonas bajo la influencia de estructuras armadas. Entre los municipios mencionados por el candidato figuran Tumaco, Mosquera, Roberto Payán, Timbiquí, Guapi, Policarpa y Ricaurte, donde, aseguró, existiría una fuerte presión sobre el electorado. También afirmó que detrás de estas presuntas intimidaciones estarían las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y otras organizaciones ilegales que operan en el sur del país.
El aspirante relacionó estas denuncias con resultados electorales que calificó de atípicos, al señalar que en algunas poblaciones su rival habría obtenido votaciones cercanas al 95 %. Asimismo, aseguró haber entregado supuestas pruebas de estas irregularidades a autoridades de Estados Unidos y reiteró que defenderá el proceso electoral. Por su parte, los gobernadores mencionados en las denuncias rechazaron los señalamientos y negaron cualquier tipo de participación en presuntas presiones al electorado de cara a la segunda vuelta presidencial.
