Imagen tomada de Las dos orillas.
El pasado 22 de junio, se hundió en el Congreso de la República el proyecto de ley que buscaba crear un sistema de sanción por puntos para las licencias de conducción y un modelo de licenciamiento gradual para nuevos conductores, al no lograr la conciliación entre los textos aprobados por Senado y Cámara de Representantes.
Declaraciones
Para el concejal de Bogotá Julián Forero, conocido como “Fuchi”, el hundimiento de esta iniciativa evitó la aprobación de varias medidas que podían convertirse en una nueva carga económica para millones de conductores en el país.
“Nos vendieron este proyecto bajo el discurso de la seguridad vial y la protección de la vida, objetivos con los que estamos completamente de acuerdo. Sin embargo, cuando se revisaba el articulado en detalle, aparecían disposiciones que abrían la puerta a nuevos cobros, posibles negocios privados y mayores riesgos de abuso contra los conductores”, aseguró el cabildante.
Iniciativa cuestionada
El concejal advirtió que el proyecto también incluía aspectos altamente cuestionables; uno de ellos fue la incorporación de una póliza obligatoria para los conductores, agregada durante el trámite legislativo y que habría significado un nuevo costo para millones de ciudadanos.
Además, el sistema planteaba que los conductores que perdieran puntos por infracciones tendrían que realizar cursos para recuperarlos, generando preocupación sobre el papel que desempeñarían los Centros Integrales de Atención (CIA) y los operadores privados alrededor de estos procesos.
Riesgo de abusos
Para el concejal Forero, la principal preocupación radicaba en que un sistema basado en la pérdida de puntos, suspensión de licencias y restricciones para conducir podría aumentar la vulnerabilidad de los ciudadanos frente a actuaciones indebidas por parte de las autoridades de tránsito.
Llamado
Finalmente, Julián Forero hizo un llamado al Gobierno y al Congreso para que cualquier futura reforma en materia de seguridad vial se construya con la participación de los conductores, motociclistas y transportadores.
“La seguridad vial debe ser una política seria para salvar vidas, no una excusa para crear nuevos cobros, fortalecer estructuras de recaudo o abrir espacios para abusos. Colombia necesita reglas claras para todos, incluidos quienes ejercen la autoridad”, afirmó.
