La reciente suspensión de los diálogos de paz entre el Gobierno nacional y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), anunciada debido a la creciente ola de violencia en el noreste del país, refleja la fragilidad de los esfuerzos para alcanzar una resolución pacífica al conflicto armado.
Este es el segundo tropiezo en el proceso de diálogo desde que el actual gobierno asumió en noviembre de 2022, lo que subraya tanto las dificultades inherentes al proceso como la persistencia de los factores que alimentan la violencia en Colombia.
El contexto de esta suspensión, provocada por los recientes hechos de violencia que han cobrado varias vidas, marca un punto álgido en el conflicto con el ELN. Desde su inicio en septiembre de 2022, el proceso de negociación ya había sufrido su primer golpe cuando el gobierno suspendió las conversaciones tras un ataque con explosivos contra una unidad militar que resultó en la muerte de tres soldados.
Estos eventos, aunque se presentan como episodios aislados, son síntomas de una realidad más profunda: la imposibilidad de lograr una verdadera desescalada de la violencia mientras continúan los ataques y enfrentamientos en diversas regiones del país.
La decisión de suspender las negociaciones es una respuesta comprensible, pero también refleja las limitaciones del enfoque que ha priorizado los diálogos sin un control efectivo sobre el terreno. Las constantes violaciones al cese al fuego, la reactivación de grupos armados y la falta de garantías para la protección de los civiles, plantean serias dudas sobre la viabilidad del proceso de paz. Por otro lado, la suspensión puede ser vista como una medida de presión sobre el ELN para que demuestre su voluntad de cesar las acciones violentas y comprometerse seriamente con la mesa de negociación.
En términos de estrategia, esta situación resalta la necesidad de replantear los métodos para abordar el conflicto armado en Colombia. Es crucial que el Gobierno encuentre un equilibrio entre el diálogo y la aplicación de la fuerza cuando se trata de grupos armados como el ELN, que se han mostrado resistentes a los acuerdos previos. Sin embargo, la respuesta debe ser también política, reconociendo que la violencia no es únicamente un acto aislado de unos pocos, sino un reflejo de las profundas desigualdades sociales, económicas y políticas que perpetúan el conflicto.
Asimismo, la respuesta de la comunidad internacional, y en particular de los países garantizados del proceso de paz, será determinante para fortalecer el proceso de diálogo o, de lo contrario, alimentar la desconfianza. Los avances en el proceso de paz deben ir acompañados de medidas efectivas para proteger a la población civil y garantizar que las promesas de desmovilización y reconciliación no queden en el papel.
La suspensión de los diálogos con el ELN, en este contexto de violencia persistente, resalta la complejidad de la paz en Colombia. Aunque las negociaciones son esenciales para una salida política y pacífica, el proceso requiere un compromiso claro de todas las partes involucradas, una aplicación efectiva de medidas desescaladas, y un enfoque integral que no solo se limita al ámbito militar, sino que también ataca las raíces estructurales del conflicto.
En el departamento de Nariño se tiene muchas expectativas ante este anuncio que compromete la tranquilidad de la región y se espera que se retomen las conversaciones para de este modo continuar con la búsqueda de la paz en Colombia.