Me encontraba en la fila de Colpensiones cuando una señora al escucharme hablar del billonario negocio privado en esta área, me hizo la siguiente pregunta con alta preocupación: ¿Es cierto que Gustavo Petro le va a quitar las pensiones a los jubilados porque eso es lo que escucho a unos candidatos y en la televisión?
Lo primero que le respondí es que existe una campaña del terror que es muy común por parte de las élites que han dominado el país, por más de un siglo como mínimo, y que al no tener propuestas de modificación en beneficio del pueblo lo único que pueden hacer es mentir, amenazar y desviar la atención de la verdad.
Luego procedí a comentarle cómo en la Universidad de Nariño, a raíz del inicio del mercado privado de pensiones (AFP), llegaron los vendedores diciendo que el Seguro Social se iba a quebrar por lo cual recomendaban la seguridad y, además, que los montos eran iguales o superiores a los que daba el Estado. Por esta razón, muchos profesores y trabajadores optaron por esa alternativa.
«La gente de los fondos privados está sacando su dinero porque de tener una jubilación será propia de mendigos y la carestía exige que hoy se solucione los problemas económicos acuciantes».
Sin embargo, el resultado fue decepcionante y muy similar a Chile: la gente de los fondos privados está sacando su dinero porque de tener una jubilación será propia de mendigos y la carestía exige que hoy se solucione los problemas económicos acuciantes, por tanto, no podrán pensionarse.
La opinión pública debe saber que la propuesta de reformar el sistema pensional permite a los recursos económicos desplazarse de las AFP a Colpensiones para lograr una mucho mejor tasa de rentabilidad social. Asimismo, que los dos mayores prestadores privados son Protección y Porvenir, propiedad de Luis Carlos Sarmiento Angulo y el Grupo Empresarial Antioqueño, que sólo han pensionado a 247.000 de sus afiliados y un 90% con 1 salario mínimo versus 1.480.000 jubilados de Colpensiones, de los cuales el 77% devengan entre 1 y 2 salarios mínimos.
La Ley 100 que privatizó la salud y malogró la calidad de vida del colombiano tendrá que ser reestructurada.
Por: Carlos Santa María.