La Fiscalía en conjunto con la Policía y Ejército Nacional pusieron en marcha una intervención especial para dar con cabecillas de los diferentes frentes de las Farc que delinquen en diferentes departamentos.
En un esfuerzo coordinado para combatir la violencia y la actividad ilegal en el suroccidente de Colombia, la Fiscalía General de la Nación, en cabeza de Luz Adriana Camargo, en colaboración con la Policía Nacional y el Ejército Nacional, ha puesto en marcha una intervención especial contra los grupos armados organizados residuales, identificados como Estado Mayor Conjunto y Segunda Marquetalia.
Esta operación surge tras el anuncio del fin del cese al fuego en algunas áreas del país, marcando un momento crucial en la lucha contra las disidencias de las Farc involucradas en varios delitos.
Durante la primera fase de este importante despliegue, se ha logrado la captura de 68 presuntos miembros de estas organizaciones, quienes han sido presentados ante jueces de control de garantías.
Los delitos imputados incluyen homicidio, terrorismo, concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado, y la fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. “Los elementos de prueba obtenidos indican la implicación de los detenidos en actos que socavan la seguridad y la paz de la región”, destacó Fiscalía.
Además, como parte de esta operación, las fuerzas del orden han confiscado un arsenal, compuesto por más de ochenta armas de fuego, 15.650 unidades de munición de diferentes calibres, 285 proveedores, 45 artefactos explosivos, 92 equipos de comunicaciones y $12′350.000 en efectivo.
Este golpe contra la estructura logística y financiera de las disidencias no solo limita su capacidad operativa, sino que también “afecta directamente su patrimonio ilegal” en zonas de influencia críticas.
La iniciativa interinstitucional no se limita solo a capturar y judicializar a los principales cabecillas y articuladores en departamentos como Cauca, Valle del Cauca y Nariño, sino que también apunta a bloquear los corredores criminales en Tolima, Huila, Caquetá y Putumayo, zonas estratégicas para las operaciones de estas organizaciones.
Con esta estrategia integral, las autoridades buscan disminuir el incremento de la violencia observado desde la suspensión del cese al fuego y asegurar la paz en regiones históricamente afectadas por el conflicto armado.
Así mismo, en las últimas tres semanas, la Fiscalía ha abierto investigaciones por 35 eventos delictivos relacionados con estas organizaciones, incluyendo ocho ataques terroristas. Grupos especializados, liderados por fiscales expertos en la dinámica criminal de la región, se han encargado de estas indagaciones, enfocándose en identificar y llevar ante la justicia a los responsables de estos hechos que atentan contra la seguridad del Estado y la tranquilidad de los ciudadanos. “Nuestro compromiso es perseguir a los autores de estos crímenes y asegurar que sean juzgados conforme a la ley”, señaló uno de los fiscales a cargo.