Sancionan al alcalde de San José de Albán por desacatar una tutela

En las últimas horas se conoció que el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de La Cruz, Nariño, sancionó al alcalde de San José de Albán, Luciano Coronel Bolaños, con dos días de cárcel y una multa equivalente a cinco salarios mínimos.

La sanción fue impuesta debido a su desacato a un fallo de tutela interpuesto contra su administración, en el que se ordenaba la reintegración de un funcionario despedido de manera injustificada.

El caso se originó cuando el funcionario, cuya identidad no ha sido revelada, fue desvinculado de su cargo sin justificación legal. Ante esta decisión, el afectado presentó una acción de tutela, la cual fue favorable, ordenando su reintegración a la administración municipal. Sin embargo, a pesar de la sentencia a su favor, la alcaldía de San José de Albán no ha cumplido con lo establecido en el fallo, lo que motivó la intervención judicial.

Medidas

El juez del caso, en su sentencia, dejó claro que esta sanción no exime al alcalde de cumplir con lo dispuesto en el fallo de tutela. La autoridad judicial advirtió que, en caso de persistir el desacato, podrían imponerse nuevas medidas, lo que aumenta la presión sobre la administración municipal para que actúe en consonancia con las órdenes judiciales.

La medida tomada por el juzgado resalta la importancia de los fallos de tutela en Colombia como herramienta para la protección de derechos fundamentales, y deja en evidencia la necesidad de un mayor compromiso por parte de las autoridades locales en el cumplimiento de las órdenes judiciales.

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Por su parte, el alcalde Luciano Coronel Bolaños aún no se ha pronunciado públicamente sobre la sanción, aunque se espera que su equipo de trabajo emita un comunicado oficial en los próximos días.

Este fallo subraya la relevancia del principio de legalidad en el ejercicio del poder público, y reafirma el papel del sistema judicial como garantía de los derechos de los ciudadanos ante abusos o irregularidades administrativas. La situación seguirá siendo vigilada por organismos de derechos humanos y ciudadanía en general, para asegurar que el fallo sea acatado.