La Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión de cuatro meses al exalcalde de Curití, Santander (2020-2023), Ángel Miguel Triana Sánchez, por extralimitación de sus funciones.
La Procuraduría Provincial de juzgamiento San Gil confirmó que el exmandatario llevó a cabo directamente el proceso de “restitución y protección de bienes inmuebles” de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP), en el predio La Lajita, que estaba siendo operada por la Corporación de Servicios de Acueducto y Alcantarillado (CORPACUR), sin promover, de manera previa, la respectiva querella ante la inspección de Policía para que esta iniciara el procedimiento policivo establecido en la ley, por tratarse de comportamientos contrarios a la posesión de bienes inmuebles de uso público, de bienes de utilidad pública o social, o bienes destinados a la prestación de servicios públicos.
Debido a lo anterior, en fallo de primera instancia la autoridad disciplinaria afirmó que el disciplinado vulneró el principio de moralidad, calificando finalmente su conducta como falta grave, a título de culpa gravísima.
Como consecuencia, debido a que el servidor público disciplinado no permanece a la fecha en el cargo que ostentaba para la época de la comisión de la falta, la suspensión fue convertida en salarios de acuerdo con el monto devengado para la época de los hechos
