Un Juzgado de Tunja admitió una acción popular presentada por la Procuraduría 32 Judicial Ambiental, Minero Energética y Agraria contra el municipio de Sutamarchán, Corpoboyacá y la empresa de servicios públicos domiciliarios local, debido a presuntas irregularidades en el manejo de aguas residuales. La acción busca proteger derechos fundamentales como el goce de un ambiente sano, la salubridad pública, el acceso a servicios públicos eficientes y el manejo racional de los recursos naturales.
Según el auto, la demanda se fundamenta en denuncias que desde 2024 alertan sobre descargas de aguas residuales en el río Sutamarchán, derivadas de obras de alcantarillado correspondientes al proyecto No. 008 de 2019, sin contar con los permisos ambientales requeridos. La Procuraduría también señala un posible incumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), así como deficiencias en el control y seguimiento por parte de las autoridades competentes.
Se advierte que algunas descargas se estarían realizando a cielo abierto y directamente sobre fuentes hídricas utilizadas para riego agrícola, lo que genera un grave riesgo para la salud de la población. La exposición a estos vertimientos podría provocar infecciones gastrointestinales, daños neurológicos, cáncer e incluso la muerte, según indican los denunciantes.
Por estas razones, el accionante solicita medidas urgentes para detener la contaminación, garantizar la adecuada prestación del servicio de alcantarillado y proteger los recursos naturales del municipio. Con la admisión de la acción popular, el caso entra en etapa judicial, donde se evaluarán las responsabilidades de las entidades demandadas y se determinarán las acciones necesarias para proteger los derechos colectivos de la comunidad, asegurando la salud pública y la sostenibilidad ambiental en Sutamarchán.
Se advierte que algunas descargas se estarían realizando a cielo abierto y directamente sobre fuentes hídricas utilizadas para riego agrícola, lo que genera un grave riesgo para la salud de la población. La exposición a estos vertimientos podría provocar infecciones gastrointestinales, daños neurológicos, cáncer e incluso la muerte, según indican los denunciantes.
