El Salario Mínimo Vital quedó oficialmente en firme luego de que el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cúcuta negara una acción de tutela presentada contra el Decreto 1469 de 2025, mediante el cual el Gobierno nacional fijó el aumento salarial. El juzgado concluyó que no se demostró una afectación concreta al mínimo vital ni la existencia de un perjuicio irremediable, razón por la cual declaró improcedente la acción constitucional.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, explicó que la decisión judicial ratifica que la tutela no es el mecanismo adecuado para controvertir actos administrativos de carácter general, como lo es un decreto presidencial, ya que su control corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa y no al juez constitucional. El despacho judicial también dejó claro que la tutela no puede utilizarse como un mecanismo de control abstracto de legalidad.
Esta decisión se suma a un segundo revés judicial para quienes han intentado frenar el aumento del salario mínimo vital. Un día antes, el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Bogotá negó una tutela con medida provisional interpuesta por el exmagistrado Alejandro Linares, al considerar que no cumplía con los requisitos legales necesarios. En ese fallo, el juzgado explicó que no procedía decretar la medida provisional solicitada, ya que esta coincidía con la pretensión principal de la demanda, y que la discusión debía resolverse en la sentencia de fondo.
Con estas decisiones, el Gobierno reafirma que el decreto sigue plenamente vigente y que el incremento del salario mínimo vital beneficiará a más de dos millones de trabajadores en el país. El ministro Sanguino subrayó que el ajuste salarial cumple con lo establecido en el Artículo 53 de la Constitución Política de 1991, el cual consagra el derecho a una remuneración mínima vital y móvil, junto con otros principios fundamentales del derecho laboral.
Desde el Ejecutivo, se insistió en que el salario mínimo vital busca mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, recuperar rezagos históricos en el poder adquisitivo y permitir que el crecimiento económico se refleje también en quienes sostienen la economía con su trabajo. El Gobierno reiteró su compromiso de defender el aumento salarial tanto en el ámbito jurídico como en el político.
Finalmente, se recordó que el Artículo 53 de la Constitución establece las bases de los derechos laborales en Colombia, ordenando al Congreso expedir el Estatuto del Trabajo bajo principios como la igualdad de oportunidades, la estabilidad laboral, la irrenunciabilidad de derechos, la primacía de la realidad sobre las formas y la protección especial a poblaciones vulnerables, consolidando así un marco legal orientado a garantizar condiciones laborales dignas.
