El Gobierno decretó un aumento del 23 % tras no lograrse acuerdo en la mesa de concertación
El presidente Gustavo Petro decretó oficialmente el aumento del salario mínimo para 2026 en Colombia. El ajuste será del 23 %, lo que fija el salario básico mensual en $1.750.905.
A esta cifra se suma el auxilio de transporte, que quedó en $249.095, para un ingreso total mensual de $2.000.000 para los trabajadores que devengan el mínimo. La decisión se adoptó mediante decreto, luego de que la mesa tripartita de concertación no lograra un consenso entre Gobierno, empresarios y sindicatos.
El Ejecutivo justificó el incremento bajo el concepto de “salario mínimo vital”, un término utilizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que hace referencia a un ingreso suficiente para cubrir las necesidades esenciales de los hogares, como la canasta básica, una vivienda adecuada con servicios públicos, acceso a salud y seguridad social, educación y los costos asociados al transporte y la vida cotidiana.
Una negociación sin consenso
Desde semanas previas, el Gobierno había anticipado que el incremento sería de dos dígitos. En contraste, los gremios empresariales plantearon como tope un aumento del 7,21 %, argumentando variables como la inflación, la productividad, el crecimiento del PIB y las metas de política monetaria del Banco de la República.
Por su parte, las centrales sindicales defendieron durante la negociación un aumento del 16 %, lo que amplió la brecha entre las posiciones y terminó por bloquear el acuerdo. Aunque el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, reiteró su intención de alcanzar un consenso, este finalmente no se concretó.
Alertas y preocupaciones frente al aumento
En medio del debate, el presidente Petro elevó el tono al señalar públicamente que el aumento del salario mínimo no genera desempleo y que la inflación obedece, en gran medida, a disputas por la distribución de la riqueza.
No obstante, uno de los puntos que ha generado mayor inquietud es la advertencia del Gobierno de que no permitirá que las empresas trasladen el mayor costo laboral a los precios finales, un mensaje que algunos sectores interpretan como una posible antesala a mecanismos de control de precios.
Durante las discusiones también se planteó la necesidad de revisar los esquemas de indexación automática de tarifas y precios atados al salario mínimo, al considerar que esta práctica termina erosionando el poder adquisitivo de los hogares y presiona la inflación.
Las confederaciones de pensionados, aunque respaldaron parte de los planteamientos de las centrales obreras, introdujeron una advertencia clave: señalaron que incrementos del salario mínimo muy por encima del IPC podrían afectar a los pensionados con mesadas superiores a un salario mínimo, las cuales solo se ajustan con la inflación.
Ante la falta de acuerdo, las organizaciones sindicales solicitaron que, al definir el aumento por decreto, el Gobierno tuviera en cuenta los argumentos presentados durante la concertación. Coincidieron, además, en que la decisión tendrá efectos directos sobre la política económica y social de 2026, en un contexto marcado por presiones fiscales, control de la inflación y el debate sobre el poder adquisitivo de los trabajadores.