Por Caros Eduardo Lagos
El anuncio del salario mínimo para 2026 —con un incremento del 23,7 % nominal y un ingreso total de $2 millones mensuales— tiene una lectura particular en regiones como Nariño. Aquí, donde la economía popular, la agricultura familiar, el comercio de frontera y la informalidad pesan más que los grandes conglomerados empresariales, el debate adquiere matices propios.
Desde el punto de vista social, el aumento es significativo. El ajuste real, cercano al 17 %, mejora de manera tangible el poder adquisitivo de quienes tienen un empleo formal, un grupo minoritario pero estratégico en la economía regional. En un departamento históricamente golpeado por la pobreza y la desigualdad, cualquier avance en ingresos reales impacta directamente en alimentación, educación y estabilidad familiar.
Nariño enfrenta, sin embargo, una paradoja estructural: una alta proporción de su población trabaja en condiciones informales o por cuenta propia, muchas veces por debajo del salario mínimo. En este contexto, el aumento no llega automáticamente a todos, pero sí fija un referente social que incide en negociaciones salariales, expectativas de ingreso y dinámica de precios.
El Gobierno ha sustentado este ajuste en el concepto de salario mínimo vital, reconociendo que el salario legal históricamente no ha cubierto una canasta básica digna. Para regiones como el sur del país, donde el costo de vida ha crecido sin que lo hagan al mismo tiempo las oportunidades laborales formales, este enfoque resulta comprensible y necesario.
No obstante, el riesgo regional está en la capacidad de adaptación del tejido productivo. El pequeño comercio, los talleres, los servicios locales y las microempresas familiares son el corazón económico de Pasto y de los municipios nariñenses. Sin políticas complementarias, el aumento salarial puede empujar a algunos actores hacia una mayor informalidad o a limitar nuevas contrataciones.
La experiencia reciente muestra que los incrementos de los últimos años no generaron un colapso del empleo, pero sí evidenciaron tensiones. Por ello, insistir únicamente en el aumento del salario, sin hablar de productividad regional, asociatividad, acceso a mercados y fortalecimiento empresarial, es quedarse a mitad de camino.
Este aumento salarial solo se consolidará como política de bienestar real si viene acompañado de cambios estructurales en la política comercial. Una economía regional como la de Nariño no puede sostener mayores costos laborales si sigue compitiendo en desventaja frente a importaciones subsidiadas. Es momento de revisar los TLC vigentes y avanzar hacia acuerdos multilaterales que salvaguarden la producción nacional y fronteriza, especialmente la agricultura y la economía popular. Pero el reto no es solo del Estado: las empresas locales deben apostar por modernización, productividad y mejora continua. El salario digno y la empresa eficiente no son opuestos; son complementarios para el desarrollo del del país.
