Un operativo liderado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) generó tensión en Barranquilla tras el desalojo de la sede de la iglesia cristiana Vida Abundante, que funcionó durante casi tres décadas en el reconocido inmueble conocido como ‘Titos Bolos’, ubicado en el norte de la ciudad.
El predio, de más de 4.500 metros cuadrados, había sido ocupado por esta organización religiosa durante 29 años, convirtiéndose en un punto de encuentro espiritual para cientos de fieles. Sin embargo, la intervención estatal respondió a una serie de irregularidades contractuales y financieras acumuladas en los últimos años.
¿Por qué la SAE ordenó el desalojo?
La SAE argumentó que la ocupación del inmueble se volvió irregular luego de que el contrato de arrendamiento expirara el 10 de noviembre de 2025, sin que existiera una renovación o respaldo legal para continuar usando el espacio.
Además, la entidad evidenció que la iglesia permaneció en el lugar durante varios años sin cumplir con las condiciones contractuales, lo que derivó en una decisión administrativa para recuperar el bien.
Este tipo de acciones hacen parte de una política más amplia del Estado para recuperar bienes bajo su administración que estén siendo utilizados sin autorización o incumpliendo la ley.
Una deuda millonaria con el Estado
Uno de los puntos clave del caso es la deuda acumulada por la iglesia, que supera los $2.200 millones de pesos por concepto de cánones de arrendamiento no pagados entre 2020 y 2026.
Según la SAE, estos recursos serán reclamados por vía judicial y están destinados al Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO).
La entidad también señaló que el incumplimiento económico afectó directamente los recursos públicos, lo que hizo necesaria una intervención inmediata.
Un inmueble con historia y origen en bienes incautados
El predio conocido como ‘Titos Bolos’ no solo tiene valor comercial, sino también histórico. Fue un tradicional establecimiento recreativo en Barranquilla antes de pasar a manos del Estado tras un proceso de extinción de dominio relacionado con actividades ilícitas.
Desde entonces, la SAE administra el inmueble con el objetivo de darle un uso legal y productivo. Sin embargo, las irregularidades en su ocupación frenaron ese propósito.
Así fue el operativo de desalojo
El procedimiento se llevó a cabo desde tempranas horas del día con el acompañamiento de la Policía Nacional, el Ejército, la Defensoría del Pueblo y otras entidades estatales.
Durante la intervención se registraron momentos de tensión, ya que miembros de la comunidad religiosa protestaron con cantos y pancartas en defensa de su permanencia en el lugar.
A pesar de esto, la operación se desarrolló conforme a los protocolos legales establecidos.
Implicaciones legales y lo que viene
La SAE reiteró que el objetivo del desalojo es recuperar el control del inmueble, proteger los recursos públicos y garantizar que el bien cumpla una función económica y social dentro de la legalidad.
El predio podría ser destinado a nuevos usos productivos o incluso ser comercializado a través de mecanismos estatales, mientras que la deuda será objeto de procesos judiciales para su recuperación.
Claves para entender la noticia
- La iglesia ocupó el predio por casi 30 años, pero sin contrato vigente en su etapa final.
- La deuda acumulada supera los $2.200 millones.
- El inmueble pertenece al Estado tras extinción de dominio.
- El desalojo hace parte de una estrategia para recuperar bienes públicos.
