El tráfico ilegal de fauna silvestre es uno de los delitos ambientales más lucrativos y devastadores del planeta, con un negocio que mueve cerca de 23 mil millones de dólares al año y que utiliza redes sociales como principal canal de transacción. En Colombia, país megadiverso, las cifras son alarmantes: el 70 % de los animales traficados muere antes de llegar a su destino y apenas el 8 % de los casos termina en una condena judicial.
Ante este panorama, en Cali se presentó la Ruta de Atención a los Delitos contra la Biodiversidad, una estrategia diseñada para articular el trabajo de autoridades ambientales, fiscales, jueces y organismos de policía judicial. El objetivo es agilizar las investigaciones y fortalecer las acciones penales contra quienes atentan contra la fauna silvestre.
La iniciativa, liderada por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), establece competencias claras entre las entidades involucradas y busca consolidar un modelo de coordinación que permita enfrentar con mayor eficacia el tráfico ilegal. Gustavo Alberto Trujillo Barrientos, coordinador del grupo de seguimiento y control de la CVC, destacó que la herramienta es fruto de la articulación entre la Fiscalía General de la Nación, la Rama Judicial, la DIJIN, la SIJIN, GELMA, WCS Colombia y la Fundación Panthera, entre otras organizaciones.
El proceso de construcción comenzó en 2024 y se consolidó con la participación de múltiples actores institucionales y organizaciones de conservación. La ruta, originada en el Valle del Cauca, pretende convertirse en un modelo nacional para combatir este delito y garantizar la protección de la biodiversidad.
Las autoridades esperan que esta estrategia no solo incremente la efectividad de las investigaciones, sino que también envíe un mensaje contundente contra las redes criminales que lucran con la vida silvestre. En un país donde la riqueza natural es patrimonio global, la implementación de esta ruta representa un paso decisivo para frenar la impunidad y proteger los ecosistemas.
