Washington, D.C. — La política exterior de Estados Unidos hacia Venezuela ha entrado en un punto crítico tras la reciente operación militar que resultó en la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha marcado una postura firme: la cooperación con el gobierno venezolano —ahora encabezado de forma interina por la vicepresidenta Delcy Rodríguez— dependerá de que se cumplan condiciones claras sobre seguridad, narcotráfico y alineamientos geopolíticos.
La declaración de Rubio se produce en un contexto sumamente complejo. El pasado fin de semana, fuerzas especiales de Estados Unidos ejecutaron una operación en Caracas que culminó con la detención de Maduro y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico y terrorismo, según Washington. La medida ha generado amplio rechazo internacional y acusaciones de violación de la soberanía de Venezuela, aunque algunos aliados de EE. UU. han respaldado el objetivo de combatir el narcotráfico y la criminalidad transnacional.
Las condiciones que Rubio ha expuesto para cualquier tipo de cooperación incluyen:
- Cese del narcotráfico y combate efectivo de organizaciones criminales que operan desde Venezuela hacia territorio estadounidense.
- Reducción e interrupción de la presencia o influencia de actores externos considerados adversarios de EE. UU., como Irán y Hezbollah.
- Transparencia en la industria petrolera, evitando que sus rentas beneficien a redes criminales o regímenes hostiles.
- Cooperación con la seguridad regional, especialmente en materia de narcotráfico y apoyo a grupos armados.
Rubio ha reiterado que la actual situación política venezolana es “intolerable” para los intereses de Estados Unidos y que las relaciones bilaterales solo pueden avanzar si las nuevas autoridades venezolanas adoptan cambios verificables. Esto marca una ruptura con la política seguida durante décadas con el chavismo, al recalcar que el viejo gobierno de Maduro “nunca respetó acuerdos” y fue incapaz de cooperar en temas de seguridad y legalidad.
Pese a este tono duro, Rubio también ha señalado que Estados Unidos no pretende gobernar Venezuela de manera diaria, sino utilizar herramientas como el control sobre la industria petrolera y sanciones selectivas como palancas de presión para influir en decisiones clave. Este enfoque busca mantener una línea entre la intervención directa y la influencia estratégica, aunque expertos advierten que la situación podría escalar si no se logra una transición política estable en Caracas.
El rol de Delcy Rodríguez —quien fue designada presidenta interina por el Tribunal Supremo de Justicia venezolano— seguirá bajo evaluación. Rubio ha sido claro: “los juzgaremos por lo que hagan”, dando a entender que cualquier distensión dependerá de acciones concretas del gobierno venezolano en temas de seguridad y cooperación internacional.
En paralelo, la oposición venezolana, representada por figuras como María Corina Machado, ha sido mencionada por funcionarios estadounidenses como una alternativa deseable, aunque Rubio indicó que su influencia “a corto plazo” es limitada dado el escenario actual en el país.
Este nuevo capítulo en la relación entre Washington y Caracas se produce en medio de tensiones regionales más amplias, con países latinoamericanos y potencias globales como China y Rusia criticando la intervención estadounidense y subrayando la necesidad de respetar la soberanía nacional.