El exmandatario recibió una sentencia por interés indebido en la celebración de contratos, con multa e inhabilitación para cargos públicos.
Rodolfo Hernández, una figura prominente en la política de Bucaramanga y exalcalde de la ciudad, ha sido objeto de una sentencia condenatoria que ha sacudido el panorama político y judicial de la región. La decisión del Juzgado Décimo Penal del Circuito de Bucaramanga, en función de Conocimiento, marca un capítulo crucial en la vida del exmandatario, quien ahora enfrenta más de cinco años de arresto domiciliario por su presunta implicación en el caso Vitalogic.
El caso, que ha sido objeto de escrutinio público y debate político, gira en torno a acusaciones de interés indebido en la celebración de contratos durante el mandato de Hernández como alcalde de Bucaramanga. Según las investigaciones y pruebas presentadas ante el tribunal, se encontraron indicios de irregularidades en la gestión de contratos públicos, lo que condujo a la condena del exalcalde.
Millonaria multa
La sentencia impuesta por el tribunal va más allá del arresto domiciliario, incluyendo también el pago de una multa y una inhabilitación para ejercer cargos públicos por un periodo de 88 meses. Estas medidas punitivas han generado un impacto significativo en la vida política y personal de Hernández, cuya reputación y trayectoria se ven ahora empañadas por las sombras de la corrupción y el abuso de poder.
El fallo del tribunal tuvo en cuenta la avanzada edad de Rodolfo Hernández, quien supera los 79 años, concediéndole el beneficio del arresto domiciliario como una medida humanitaria. Sin embargo, esta decisión no exime al exalcalde de cumplir con las consecuencias legales de sus acciones, que incluyen el pago de una multa considerable como reparación por los daños causados a la sociedad y la inhabilitación para ocupar cargos públicos, lo que marca un golpe devastador para su carrera política.
Proceso legal
La defensa del exmandatario ha interpuesto un recurso de apelación contra la decisión del tribunal, lo que posibilita un proceso legal adicional para revisar la sentencia. Se espera que la sustentación de este recurso se realice por escrito dentro de un plazo de cinco días hábiles, en los cuales se podrá argumentar en detalle la posición de la defensa y buscar la reversión o reducción de la condena impuesta.
Durante la audiencia, Hernández se manifestó sobre la condena recibida, expresando su confianza en su abogado defensor y su conformidad con el proceso legal en curso. Sus palabras reflejaron una actitud de aceptación hacia la decisión judicial, señalando que confiaba en que su representante legal actuaría en su mejor interés ante el tribunal, aunque también dejó entrever su inconformidad con la situación en la que se encuentra.