Por: Alina Constanza Silva
No es solo el robo de unos computadores. Es la sustracción, en plena sede institucional, de la memoria digital de un municipio que se debate entre el ordenamiento y el caos. El hurto de varios equipos de la Secretaría de Planeación de la Alcaldía de Pasto, denunciado por el propio alcalde, no es un hecho aislado ni menor. Es, a todas luces, una advertencia: hay quienes no quieren que sepamos lo que esconden los archivos del Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
Los computadores robados no eran simples máquinas de oficina. Pertenecían a un grupo técnico contratado para revisar las irregularidades del POT: licencias urbanísticas aprobadas al margen de la norma, cobros sospechosos por trámites, y decisiones que beneficiarían a particulares con intereses sobre zonas con restricciones ambientales. Un cóctel explosivo, demasiado tentador para dejarlo en manos de la transparencia.
Hay quienes creen que fue un robo cualquiera. Pero eso sería ingenuo. Los equipos sustraídos contenían avances de una investigación que, según fuentes internas, ya había revelado nombres de exfuncionarios y empresarios vinculados a decisiones dudosas. Sectores urbanos que no podían tocarse por ley, por lógica o por respeto al entorno— habrían sido intervenidos con el beneplácito de autoridades que hoy ya no están en el cargo, pero que aún tienen tentáculos.
La administración actual ha asegurado que la información fue debidamente respaldada. Eso, al menos, da un respiro. Pero no quita el tufo a sabotaje. ¿Quién tiene tanto interés en borrar rastros? ¿Quién sabía exactamente qué computadores sustraer? ¿Por qué ahora, justo cuando se revisaban los puntos más oscuros del POT?
Esto no es solo un caso de delincuencia urbana. Es un síntoma más de una estructura institucional enferma, donde la opacidad y el poder local muchas veces se funden en pactos de silencio. La Fiscalía tiene la obligación de actuar con celeridad, no para recuperar unos equipos, sino para proteger la verdad que contenían.
El robo en la Alcaldía de Pasto puede ser el punto de partida para destapar una red de corrupción urbanística más profunda de lo que imaginamos. Y si la justicia no actúa, será la ciudadanía como siempre quien pague el precio del silencio.