Un grave incidente de seguridad ha generado conmoción en los círculos gubernamentales de Bogotá, tras conocerse la denuncia por el hurto a la residencia privada de Astrid Cáceres, actual directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). El hecho, ocurrido bajo circunstancias que están siendo analizadas con lupa por los organismos de inteligencia, ha trascendido la categoría de delincuencia común debido a la naturaleza de los objetos sustraídos y al contexto profesional de la funcionaria.
Los Detalles del Suceso
Según el reporte oficial, individuos desconocidos lograron vulnerar la seguridad de la vivienda para extraer, de manera específica, un computador portátil de uso institucional y diversos objetos personales pertenecientes a los hijos de la directora. Lo que llama la atención de los investigadores es que, si bien se reportó la pérdida de pertenencias familiares, el interés en el equipo de cómputo sugiere una posible búsqueda de información sensible relacionada con la gestión de la entidad encargada de la protección de la niñez en Colombia.
La Hipótesis de la Represalia
La propia Astrid Cáceres ha manifestado que este acto podría no ser un evento aislado. La funcionaria vinculó el hecho con la estrategia de transparencia que lidera desde el ICBF, la cual ha incluido rigurosos procesos de verificación contractual y la denuncia pública de presuntas irregularidades administrativas en varias regionales del país. «Este tipo de situaciones suelen ocurrir cuando se tocan intereses de sectores que se han beneficiado históricamente de los recursos de la infancia», sugirieron fuentes cercanas a la dirección.
Investigación en Curso
La Policía Metropolitana de Bogotá y agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación ya adelantan los actos investigativos pertinentes. Las labores incluyen el análisis de cámaras de seguridad del sector, el rastreo técnico del equipo informático y la toma de testimonios para identificar a los autores materiales e intelectuales. El Gobierno Nacional ha reforzado el esquema de seguridad de la funcionaria, mientras la opinión pública exige celeridad para determinar si se trató de un robo convencional o de un intento de intimidación frente a las investigaciones