De acuerdo con los informes y pronunciamientos emitidos por el Registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos; la Defensoría del Pueblo, en cabeza de Iris Marín; y la Misión de Observación Electoral (MOE), diversas regiones del país presentan altos niveles de riesgo electoral de cara a las elecciones para el Congreso de la República previstas para el próximo 8 de marzo.
Entre las zonas más críticas se encuentra la Costa Pacífica del departamento de Nariño —que comprende diez municipios— así como territorios históricamente afectados por la violencia y la presencia de actores armados ilegales, como el Catatumbo, el norte del Cauca y sectores de los departamentos de Bolívar y Córdoba, así como el suroriente amazónico.
Grupos armados ilegales
Los informes coinciden en advertir que estos territorios concentran factores de riesgo asociados a la fuerte presencia de grupos armados al margen de la ley, que buscan incidir en el proceso democrático mediante mecanismos de presión indebida sobre la población civil. Las alertas tempranas y análisis de riesgo señalan que en estas regiones persisten estructuras criminales y organizaciones ilegales que ejercen control territorial, limitan la movilidad de las comunidades y generan escenarios de intimidación que podrían afectar la libre participación política.
Municipios sensibles
En el caso específico de la Costa Pacífica de Nariño, los diez municipios que la integran han sido identificados como puntos especialmente sensibles debido a la convergencia de economías ilícitas, disputas entre grupos armados y una débil presencia institucional en algunas zonas rurales. Este contexto incrementa la vulnerabilidad de las comunidades frente a posibles presiones para orientar el voto, restringir la participación electoral o incluso impedir el normal desarrollo de la jornada democrática.
Intimidaciones
La Defensoría del Pueblo ha reiterado que el riesgo no solo radica en posibles hechos de violencia directa, sino también en prácticas de intimidación silenciosa que afectan el ejercicio libre del sufragio. Las amenazas a líderes sociales, candidatos y autoridades locales, así como la imposición de restricciones informales a la movilidad en determinadas áreas, configuran un escenario que compromete la transparencia y legitimidad del proceso electoral.
Por su parte, la MOE ha subrayado que los riesgos electorales en estas zonas no son hechos aislados, sino que responden a patrones históricos de interferencia armada en procesos democráticos. La combinación de debilidad institucional, pobreza estructural y presencia de actores ilegales crea un entorno propicio para la coacción al electorado y la alteración de las condiciones de equidad en la contienda política.
En regiones como el Catatumbo y el norte del Cauca, así como en sectores de Bolívar y Córdoba, las autoridades han documentado dinámicas similares, donde los grupos armados buscan consolidar control social y territorial, lo cual puede traducirse en presiones directas o indirectas sobre votantes y campañas políticas. Estas situaciones generan un riesgo alto para la normal realización de las elecciones, particularmente en zonas rurales apartadas donde la capacidad de reacción institucional es más limitada.
El Plan Democracia
Ante este panorama, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, ha reiterado la necesidad de aplicar de manera integral y oportuna el denominado “Plan Democracia”, estrategia diseñada para garantizar la seguridad antes, durante y después de la jornada electoral. Dicho plan contempla el despliegue coordinado de la Fuerza Pública, el fortalecimiento de los dispositivos de seguridad en puestos de votación, la vigilancia de corredores estratégicos y la articulación con autoridades civiles y organismos de control.
La implementación efectiva del Plan Democracia resulta urgente en las zonas identificadas como de mayor riesgo, pues su objetivo principal es asegurar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto sin coacciones ni amenazas. Además, busca prevenir alteraciones del orden público, proteger a candidatos y funcionarios electorales, y garantizar el traslado seguro del material electoral.
Serias afectaciones
De no adoptarse medidas contundentes y coordinadas, la normal realización de las elecciones en las regiones mencionadas podría verse seriamente afectada. La falta de garantías de seguridad no solo pondría en riesgo la integridad de las comunidades, sino que también podría erosionar la confianza ciudadana en el sistema democrático y en las instituciones del Estado, es la alerta de las autoridades electorales.
En conclusión, los informes del Registrador Nacional, la Defensoría del Pueblo y la MOE coinciden en señalar que la Costa Pacífica de Nariño, el Catatumbo, el Cauca y sectores de Bolívar y Córdoba concentran los mayores riesgos electorales de cara a los comicios del 8 de marzo, principalmente por la alta presencia de grupos armados ilegales que intentan influir en el proceso mediante amenazas e intimidaciones.
Frente a este escenario la petición de las comunidades que las autoridades nacionales y territoriales refuercen las medidas de seguridad y apliquen con rigor el Plan Democracia, a fin de garantizar elecciones libres, transparentes y seguras en todo el territorio nacional.
