Diversos organismos de control y observación han lanzado alertas sobre los serios riesgos que enfrenta el proceso electoral en el departamento de Nariño, como consecuencia del recrudecimiento de la violencia y la presencia activa de grupos armados ilegales en varias subregiones, especialmente en la costa Pacífica.
La Defensoría del Pueblo, en cabeza de Iris Marín, ha advertido que en municipios de esta zona persisten escenarios de confrontación armada, disputas territoriales y control social ejercido por estructuras ilegales, lo que pone en peligro derechos fundamentales como la participación política y el voto libre. Según la entidad, comunidades rurales y urbanas se encuentran en medio de combates, confinamientos y amenazas directas que limitan la movilidad y generan temor entre los potenciales electores.
Intimidaciones
En la misma línea, la Misión de Observación Electoral (MOE), dirigidas por Alejandra Barrios ha señalado a Nariño como uno de los departamentos con mayor nivel de riesgo electoral en el país. La organización ha indicado que existen indicios de intimidación a la población, presiones para favorecer o rechazar determinadas candidaturas y posibles restricciones para el normal desarrollo de las campañas políticas. Estos factores, advierte la MOE, podrían afectar la transparencia, la equidad y la legitimidad de los comicios.
Urgentes llamados
La Procuraduría General de la Nación también ha manifestado su preocupación por la situación de orden público y ha hecho llamados urgentes a las autoridades nacionales y locales para que adopten medidas preventivas. El Ministerio Público ha enfatizado la necesidad de fortalecer la presencia institucional, garantizar la seguridad de candidatos, jurados y votantes, y asegurar que las autoridades electorales puedan cumplir sus funciones sin interferencias de actores armados.
Pánico en la costa
Uno de los focos de mayor alarma es la costa Pacífica nariñense, donde organizaciones armadas ilegales serían protagonistas de enfrentamientos y, de acuerdo con la información recopilada por las entidades, estarían intimidando a los electores mediante amenazas, panfletos y advertencias verbales. Esta situación ha generado un clima de zozobra que podría traducirse en abstención forzada o en la manipulación del voto.
Ante este panorama, los organismos coinciden en la urgencia de una acción coordinada del Estado que incluya refuerzos en seguridad, seguimiento permanente a los riesgos electorales y garantías efectivas para que la ciudadanía de Nariño pueda ejercer su derecho al voto de manera libre y segura. La atención, advierten, debe ser inmediata para evitar que la violencia termine condicionando la democracia en el departamento.
