El proceso para revocar el mandato del alcalde de Ipiales, Amílcar Pantoja, está tomando fuerza a medida que se acerca el plazo límite para la recolección de firmas. Desde el pasado 26 de marzo, el comité promotor ha recorrido distintos sectores del municipio buscando el respaldo ciudadano. La meta es clara, reunir al menos 12.646 firmas válidas, cifra equivalente al 30% de los votos con los que el mandatario fue elegido.
Manuel Romo, vocero del comité, explicó que el avance ha sido notorio durante las últimas semanas. A pesar de condiciones climáticas adversas, amenazas y actos de hostigamiento, el número de firmas ha crecido de forma constante. El repunte ha sido interpretado como un reflejo del malestar social acumulado frente a varios problemas sin resolver en la ciudad.
Entre los factores que impulsan esta iniciativa, Romo mencionó la persistente crisis en el suministro de agua, el aumento de la inseguridad y el deterioro evidente de la infraestructura vial. También criticó la falta de gestión administrativa del actual gobierno local, que según él, no ha respondido a las expectativas creadas en campaña.
El vocero insistió en que los ciudadanos pueden firmar sin temor, ya que ningún beneficio social puede ser retirado por ejercer este derecho democrático. Recalcó que el propósito del comité no es desestabilizar, sino exigir transparencia, eficacia y compromiso con toda la población.
El proceso está siendo acompañado por mecanismos de control ciudadano y supervisión legal. Hasta ahora, los promotores aseguran que están muy cerca de cumplir la meta y aspiran incluso a superarla. Su objetivo es llegar a las 15.000 firmas, previendo posibles inconsistencias o anulaciones durante la verificación del material.
Romo destacó que esta recolección es también un ejercicio de participación y empoderamiento comunitario. En su opinión, los ipialeños han despertado y están comenzando a ejercer presión sobre una administración que consideran distante y poco efectiva.
Por su parte, sectores cercanos a la alcaldía han rechazado la iniciativa, calificándola como un intento desestabilizador. No obstante, el comité asegura que se trata de un mecanismo legítimo y constitucional. “No buscamos dividir, sino que se respeten los compromisos adquiridos”, puntualizó Romo.