A través de una modificación hecha a última hora, el Congreso le dio vía libre a la reducción de los salarios de los legisladores a partir del 2023.
Y aunque aún le faltan otros seis debates más, por tratarse de una reforma constitucional, el artículo que se incluyó dice que el tope máximo de 15 salarios mínimos como pago mensual a un congresista aplicaría desde que la iniciativa quede en firme. Eso se traduce en que –si no termina cayéndose el proyecto en el Capitolio– la reducción se reflejaría en sus colillas de pago desde el próximo año.
En todo caso, en la plenaria del Senado se dio un duro debate luego de que no se acogiera una propuesta de la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, quien –como ponente– planteaba que se redujera el salario desde el 2026, pero que desde el año 2023, cuando entre en vigencia el acto legislativo, se impusiera un impuesto transitorio a esos salarios.
¿Contentillo?
Sin embargo, la plenaria terminó acogiendo lo planteado por la senadora de la Alianza Verde Angélica Lozano, quien consideró que la reducción de salarios se debe dar desde el momento en que entre en vigencia el acto legislativo y no tener que esperar hasta el 2026. Esto último, dijo, sería incumplirles a los electores que reclaman cambio y austeridad.
“Se aprobó en los mismos términos que once millones setecientos mil colombianos lo votaron en la consulta anticorrupción. La vigencia comienza apenas termine su trámite, es decir desde julio del próximo año, porque aún faltan seis debates más”, precisó la senadora Lozano. Y agregó que “ahora va para la Cámara y, entre marzo y junio, volverá a surtir cuatro debates. Todo esto es una buena noticia”.
Pero la polémica no paró. La senadora Valencia insistió en que, de aprobar así la reforma constitucional –a su juicio–, podría caerse en su estudio en la Corte Constitucional con el argumento de no puede ser inmediata su vigencia porque estaría comprometiendo derechos ya ganados. Aún le queda un largo trecho por surtir a este proyecto.
