La situación de seguridad en Ecuador continúa siendo una de las principales preocupaciones nacionales. Según datos oficiales y reportes de organizaciones defensoras de derechos humanos, la estrategia implementada por el presidente Daniel Noboa no ha logrado reducir de manera sostenida los niveles de violencia que afectan al país y, además, ha generado cuestionamientos por posibles vulneraciones a los derechos humanos.
La política de seguridad del gobierno se ha basado principalmente en la declaración de estados de excepción, la participación activa de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna y la declaración de un «conflicto armado interno» contra las organizaciones criminales que operan en territorio ecuatoriano.
Sin embargo, las cifras oficiales muestran que los homicidios continúan aumentando y que el país enfrenta una de las crisis de seguridad más graves de su historia reciente.
Más de 15.000 homicidios durante el gobierno de Noboa
De acuerdo con la información divulgada por el Ministerio del Interior ecuatoriano, entre noviembre de 2023, cuando Daniel Noboa asumió la presidencia, y octubre de 2025 se registraron 15.561 homicidios.
Esta cifra equivale aproximadamente a 22 asesinatos diarios durante ese período.
Aunque durante parte de 2024 se observó una leve reducción en comparación con el récord alcanzado anteriormente, la tendencia cambió nuevamente en 2025, cuando la violencia volvió a incrementarse de forma significativa.
Los datos indican que las medidas implementadas por el Ejecutivo no lograron consolidar una disminución sostenida de los delitos violentos.
2025: el año más violento de la historia reciente
El año 2025 fue particularmente preocupante para las autoridades y la ciudadanía.
Entre enero y julio se reportaron 5.268 homicidios, una cifra superior en más del 40 % a la registrada durante el mismo período del año anterior.
Además, entre enero y abril las autoridades contabilizaron 3.084 asesinatos.
Según el Ministerio del Interior, aproximadamente el 94 % de esos homicidios estuvo vinculado a actividades de organizaciones criminales.
La situación se agravó hasta el punto de que 2025 cerró con más de 9.200 homicidios, convirtiéndose en el año más violento desde que existen registros recientes comparables en Ecuador.
Este incremento refleja el fortalecimiento de diversas estructuras criminales dedicadas principalmente al narcotráfico, el contrabando y otras actividades ilícitas.
La costa ecuatoriana concentra gran parte de la violencia
La mayoría de los homicidios se registró en las provincias costeras del país.
Estas regiones se han convertido en escenarios de disputa entre bandas criminales que buscan controlar corredores estratégicos para el tráfico de drogas hacia mercados internacionales.
La ubicación geográfica de Ecuador, especialmente sus puertos sobre el océano Pacífico, ha convertido al país en un punto clave para el envío de cocaína hacia Norteamérica y Europa.
Como consecuencia, grupos criminales nacionales e internacionales compiten por el control de estos territorios, generando enfrentamientos violentos que afectan directamente a la población civil.
Extorsiones y secuestros también aumentan
La crisis de seguridad no se limita únicamente a los homicidios.
El artículo señala que otros delitos también han mostrado un crecimiento preocupante, especialmente:
- Extorsiones.
- Secuestros.
- Amenazas a comerciantes.
- Violencia contra conductores del sector transporte.
- Presión criminal sobre comunidades enteras.
Muchos pequeños empresarios y trabajadores denuncian ser víctimas de cobros ilegales por parte de organizaciones delictivas que exigen pagos para permitirles continuar con sus actividades económicas.
Estas prácticas han generado temor e incertidumbre en diferentes regiones del país.
Cuestionamientos de organismos internacionales
Además de las preocupaciones relacionadas con la violencia, la estrategia gubernamental ha sido criticada por diversas organizaciones internacionales de derechos humanos.
La organización Human Rights Watch señaló en su Informe Mundial 2026 que desde enero de 2024 el gobierno ecuatoriano ha utilizado reiteradamente la figura del «conflicto armado interno» para justificar medidas excepcionales.
Según la organización, esta interpretación ha permitido ampliar las facultades de las fuerzas de seguridad y reducir algunas garantías fundamentales.
Incluso se menciona que la propia Corte Constitucional del Ecuador ha cuestionado ciertos aspectos de esta interpretación jurídica.
Denuncias de violaciones a los derechos humanos
Uno de los puntos más delicados del informe de Human Rights Watch se refiere a denuncias sobre posibles abusos cometidos por integrantes de las fuerzas de seguridad.
Entre las acusaciones mencionadas aparecen:
- Presuntas ejecuciones extrajudiciales.
- Desapariciones forzadas.
- Detenciones arbitrarias.
- Malos tratos y abusos durante operativos.
Las organizaciones de derechos humanos sostienen que la lucha contra el crimen debe realizarse dentro del marco legal y respetando plenamente las garantías constitucionales.
Según estos grupos, la expansión de las facultades militares y policiales podría estar generando riesgos adicionales para los derechos fundamentales de la población.
El caso de los cuatro menores desaparecidos
Uno de los casos que más atención ha generado es el de cuatro menores de edad detenidos por militares en la ciudad de Guayaquil durante diciembre de 2024.
De acuerdo con la información citada, los jóvenes fueron retenidos por miembros de las Fuerzas Armadas y posteriormente desaparecieron.
La gravedad del caso llevó a que, en octubre de 2025, diecisiete militares fueran llamados a juicio por una presunta desaparición forzada.
Este episodio se convirtió en uno de los principales símbolos de las críticas hacia la estrategia de seguridad del gobierno y alimentó el debate nacional sobre los límites de la participación militar en tareas de orden público.
Debate sobre la eficacia de la “mano dura”
El aumento de la violencia y las denuncias sobre derechos humanos han generado un amplio debate sobre la efectividad de las políticas de «mano dura» aplicadas por el gobierno.
Los defensores de esta estrategia argumentan que Ecuador enfrenta organizaciones criminales extremadamente violentas y que es necesario utilizar medidas excepcionales para combatirlas.
Sin embargo, organizaciones sociales, expertos en seguridad y sectores de oposición sostienen que la militarización por sí sola no resuelve las causas profundas de la criminalidad.
Según estas voces, es necesario complementar las acciones represivas con:
- Programas de prevención social.
- Inversión en educación y empleo.
- Fortalecimiento del sistema judicial.
- Mejores mecanismos de investigación criminal.
- Ataques a las estructuras financieras que sostienen a las mafias.
Consideran que una estrategia integral podría ofrecer resultados más duraderos que una respuesta centrada exclusivamente en el uso de la fuerza.
Conclusión
La noticia muestra que Ecuador atraviesa una compleja crisis de seguridad a pesar de las medidas extraordinarias impulsadas por el presidente Daniel Noboa. Aunque el gobierno sostiene que está enfrentando una guerra contra las organizaciones criminales, las cifras oficiales reflejan un aumento de los homicidios, las extorsiones y los secuestros, especialmente durante 2025, el año más violento de la historia reciente del país.
Al mismo tiempo, organismos como Human Rights Watch han expresado preocupación por denuncias de posibles violaciones a los derechos humanos cometidas durante operativos de seguridad, incluyendo presuntas desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales.
En consecuencia, Ecuador enfrenta el desafío de combatir el crimen organizado mientras busca garantizar el respeto a los derechos fundamentales y construir estrategias más amplias y sostenibles para reducir la violencia que afecta a millones de ciudadanos.
