En febrero de 2026, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia oficializó la Resolución 083 de 2026, un documento que reglamenta las actividades de bajo impacto ambiental que pueden realizarse en las zonas de reserva forestal del país. Aunque desde el gobierno aseguran que se trata de un avance normativo que unifica criterios dispersos en torno al uso sostenible de estas áreas, diversos sectores ambientales, académicos y sociales han cuestionado tanto su alcance como sus posibles implicaciones para la conservación de los bosques y la biodiversidad colombiana.
Qué son las reservas forestales
Las reservas forestales —figura diferente de las áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP)— son territorios donde se conserva o se usa de forma sostenible la cobertura forestal y los ecosistemas asociados. Su origen legal en Colombia se remonta a la Ley Segunda de 1959, marco normativo que promueve la economía forestal y la protección de suelos, aguas y vida silvestre. En total, el país cuenta con más de 50 reservas forestales que suman más de 550.000 hectáreas, abarcando desde zonas andinas hasta selvas amazónicas.
A diferencia de los parques nacionales naturales o los páramos, estas zonas no están clasificadas como áreas protegidas bajo el SINAP, lo cual les confiere un régimen jurídico particular y ha sido tradicionalmente motivo de debate entre conservacionistas, autoridades locales y comunidades rurales.
Qué establece la nueva resolución
La Resolución 083 de 2026 busca, de acuerdo con el Ministerio, simplificar y unificar las normas vigentes sobre las actividades de bajo impacto que se pueden realizar sin necesidad de procedimientos complicados de “sustracción” de área, un proceso administrativo que tradicionalmente se usaba para autorizar cambios de uso del suelo dentro de reservas forestales. Con este marco, se aclaran las actividades permitidas —como infraestructura básica, energía renovable, educación, salud y agricultura campesina bajo buenas prácticas— y se reducen los trámites para su ejecución.
La idea oficial es ofrecer claridad jurídica y agilizar la vida cotidiana de las comunidades rurales, que históricamente han enfrentado barreras para recibir servicios básicos debido al régimen conservacionista de estas tierras. Según la ministra (e) de Ambiente, Irene Vélez Torres, la Ley Segunda abarca cerca del 42 % del territorio nacional, dejando a comunidades sin opciones para desarrollar proyectos sociales esenciales.
Las críticas y dudas ambientales
A pesar de las explicaciones oficiales, organizaciones ambientales, expertos en política forestal y líderes comunitarios han expresado preocupación por cómo esta resolución puede debilitar la protección de ecosistemas sensibles.
Una de las principales críticas radica en que el marco regulatorio original de las reservas forestales estaba diseñado para proteger su valor ecológico y limitar la intervención humana, y que al flexibilizar los requisitos para actividades humanas, se podría terminar generando salvoconductos para obras que a largo plazo aumenten la fragmentación del bosque, la penetración de infraestructura y las presiones sobre la biodiversidad, sin análisis de impacto suficientes.
Además, algunos observadores recuerdan que en Colombia ya existen tensiones entre normativas ambientales —incluido el Acuerdo de Escazú y las reglas de participación pública— y la percepción de que mecanismos como la sustracción de áreas pueden ser usados para promover decisiones de interés económico por encima de criterios técnicos de conservación, lo que a su vez puede debilitar la gobernanza ambiental.
El contexto más amplio en conservación en Colombia
Este debate no ocurre en el vacío: durante los últimos años Colombia ha profundizado esfuerzos por proteger páramos, humedales y áreas estratégicas para la biodiversidad mediante consultas comunitarias, delimitaciones participativas y marcos de gobernanza judicialmente respaldados. Por ejemplo, en 2025 el país registró avances importantes en la protección de páramos clave mediante procesos técnicos y comunitarios que buscan garantizar la fuente hídrica para millones de personas.
Sin embargo, la tensión entre desarrollo rural, derechos de comunidades locales, soberanía territorial y conservación ambiental sigue siendo uno de los dilemas más complejos de la política ambiental colombiana. La Resolución 083 de 2026 representa, para algunos expertos, una oportunidad para ordenar la gestión forestal; para otros, un riesgo si no se acompaña de garantías claras de protección ecológica y mecanismos de participación efectiva.
