El presidente Abelardo De la Espriella entregó el balance de seguridad de sus primeros 30 días de mandato y anunció que mantendrá la ofensiva armada en las regiones, en medio de persistentes desafíos sociales por el control territorial y las economías ilícitas.
Al cumplir su primer mes de mandato, el presidente Abelardo De la Espriella presentó un consolidado sobre las operaciones adelantadas por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional contra las estructuras armadas y el narcotráfico en el país. Durante el informe oficial, el mandatario ratificó que intensificará las acciones de la Fuerza Pública en las zonas donde las organizaciones ilegales sostienen sus finanzas mediante el tráfico de estupefacientes y la extracción ilícita de recursos.
Según las cifras entregadas por la Presidencia sobre el balance acumulado desde el pasado 7 de agosto, las autoridades registran 15.401 personas capturadas que han sido puestas a disposición de la justicia para que se defina su situación jurídica. Asimismo, el reporte da cuenta de la incautación de 71,8 toneladas de sustancias ilícitas, el decomiso de 1.595 armas de fuego y la erradicación forzada de 1.407 hectáreas de hoja de coca en distintas zonas del territorio nacional.
En lo correspondiente a las últimas 24 horas, el informe gubernamental reportó la aprehensión de 15 ciudadanos señalados de diversos delitos, así como el hallazgo de un depósito clandestino con dos armas de fuego, munición y material explosivo. En el plano de las economías ilegales, las tropas intervinieron 15 instalaciones artesanales utilizadas para el procesamiento de pasta base de coca, decomisaron 589 kilos de marihuana, 2.340 kilos de hoja de coca y más de 22.000 galones de insumos químicos líquidos y sólidos. En zona rural de Putumayo, además, se interceptó un cargamento de 6.340 galones de petróleo crudo que era desviado para el refinamiento de sustancias ilegales.
El mandatario también hizo referencia a los recientes choques armados ocurridos durante el fin de semana en el departamento de Nariño. En el municipio de El Peñol, una operación militar dejó siete presuntos integrantes del frente Franco Benavides —facción de las disidencias de las Farc vinculadas al Estado Mayor Central— muertos y cinco más detenidos, hechos que permanecen bajo los procedimientos de rigor judicial y verificación forense para esclarecer lo ocurrido.
Aunque el Ejecutivo enfatiza en los resultados cuantitativos y la presión sobre las cadenas de suministro de los grupos armados, defensores de derechos humanos y analistas recuerdan que la respuesta estrictamente punitiva debe complementarse con presencia integral del Estado. En regiones rurales como el suroccidente del país, la erradicación de cultivos y las confrontaciones armadas impactan directamente en comunidades campesinas que continúan a la espera de inversiones en vías terciarias, servicios básicos y alternativas productivas sostenibles que permitan romper de fondo el ciclo de violencia y dependencia económica.
