La Cancillería denunció que Ecuador inició un proceso “unilateral” con los presos colombianos y que no tuvo en cuenta las recomendaciones hechas por el Gobierno de Gustavo Petro.
En ese sentido, la canciller, encargada Rosa Yolanda Villavicencio, quien estuvo en la frontera expresó su rechazo frente a la decisión de Ecuador de iniciar, de forma unilateral, la deportación de ciudadanos colombianos desde ese país, según la funcionaria, sin un protocolo que permitiera “el traslado de estas personas en condiciones dignas”.
Es de anotar que este proceso se inició de manera sorpresiva el viernes, con la deportación de 137 ciudadanos colombianos, desde el Centro de Privación de Libertad de Tulcán.
Allí, en el l Centro de Privación de Libertad Mixto Carchi N.º 1, ubicado en Tulcán, Ecuador, se desarrolló esta etapa del proceso de deportación de estos ciudadanos colombianos que actualmente se encuentran privados de la libertad por diferentes delitos.
Se trata de una acción liderada por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), con apoyo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Ecuador. El procedimiento contempló el registro formal de las boletas de excarcelación en los libros oficiales de control, conforme a los protocolos establecidos por la legislación penal y migratoria ecuatoriana.
Según se informó, los ciudadanos fueron trasladados en el transcurso del día al puente internacional de Rumichaca, donde fueron entregados a las autoridades de Migración Colombia, en cumplimiento de un proceso binacional de repatriación, bajo acuerdos de cooperación en materia de seguridad y derechos humanos.
“No hay un protocolo”
A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores denunció que las autoridades ecuatorianas comenzaron con las deportaciones masivas de nacionales, pese a las “respetuosas y reiteradas solicitudes” del gobierno de Gustavo Petro para establecer un protocolo que permitiera garantizar el “respeto de sus derechos, y en un proceso seguro y ordenado” durante los traslados de los reos.
“Lamentablemente, las autoridades ecuatorianas han decidido dar inicio al proceso sin que se hubiera diseñado el protocolo, impidiendo la plena identificación de los ciudadanos deportados, la verificación de su situación jurídica, e incumpliendo así las más básicas nociones del Derecho Internacional, que prohíben las deportaciones masivas”, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Fuerte inconformidad
El Gobierno colombiano calificó esta actuación como un “gesto inamistoso” por parte de Quito y afirmó que ya se han activado los canales diplomáticos para manifestar su inconformidad.
La deportación de connacionales había sido anunciada días atrás por la Cancillería sobre su intención de deportar a varios ciudadanos colombianos (aproximadamente 1.500) que actualmente se encuentran recluidos en cárceles de Ecuador. Los delitos son varios: desde hurto hasta narcotráfico y homicidio.
Similar a lo sucedido en la crisis con Estados Unidos, cuando el presidente Gustavo Petro rechazó vuelos militares con migrantes deportados, alegando que violaban la dignidad de los connacionales, desatando represalias inmediatas por parte de Washington, el Gobierno señaló que se encuentra evaluando las acciones pertinentes para atender el caso con Ecuador y “evitar que se sigan cometiendo arbitrariedades en contra de nacionales colombianos”.
TITULO (RECUADRO)
Enérgico rechazo
El Gobierno de Colombia expresó a Ecuador «su más enérgica protesta» por comenzar unilateralmente la deportación de colombianos presos en cárceles de ese país, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Según un comunicado de la Cancillería colombiana, el «Gobierno del Ecuador, de manera unilateral, ha dado inicio al proceso de deportación de nacionales colombianos que se había anunciado días atrás».
«Lo anterior, desatendiendo las respetuosas y reiteradas solicitudes del Gobierno de Colombia en el sentido de generar un protocolo que permitiera el traslado de estas personas en condiciones dignas», puntualizó la información.
Igualmente, Colombia lamentó que las «autoridades ecuatorianas han decidido dar inicio al proceso sin que se hubiera diseñado el protocolo, impidiendo la plena identificación de los ciudadanos deportados, la verificación de su situación jurídica e incumpliendo así las más básicas nociones del Derecho Internacional, que prohíben las deportaciones masivas».
Por todo lo anterior, el Gobierno colombiano dijo que, «haciendo uso de los canales diplomáticos, ha expresado su más enérgica protesta ante el Gobierno del Ecuador por este gesto inamistoso hacia nuestro país, y se encuentra evaluando las acciones pertinentes para atender la situación y evitar que se sigan cometiendo arbitrariedades en contra de nacionales colombianos en ese país».
El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, anunció en febrero de 2024 medidas para deportar presos extranjeros, con énfasis en reos colombianos, una estrategia orientada a mitigar la sobrepoblación penitenciaria ante la crisis en la seguridad de ese país.
Más adelante, Noboa le propuso a Colombia que se hiciera cargo de unos 1.500 colombianos presos en cárceles ecuatorianas.
El Gobierno colombiano no mencionó ninguna cifra, aunque medios locales indicaron que en las próximas semanas los presos deportados serán alrededor de 800 a mil.
Entre los deportados hay condenados por terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, homicidio, abuso sexual, secuestro, hurto, entre otros delitos, y que no han cumplido el 50 % de las penas impuestas por la justicia ecuatoriana.