Un sacudón político y administrativo sacude las instituciones del departamento. La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, aceptó formalmente la renuncia de Francy Liliana Salazar a la gerencia de Indeportes Tolima. Su salida se da en medio de una escandalosa investigación iniciada por la Contraloría Departamental por presuntas irregularidades en la contratación estatal del instituto deportivo.
La renuncia de Salazar, esposa del dirigente conservador Luis Manuel Guzmán —cercano al sector del senador Óscar Barreto—, ocurre apenas una semana después de que el organismo de control abriera una actuación especial de fiscalización sobre más de 100 contratos de prestación de servicios cuya suma supera los $3.000 millones de pesos.
Contratos bajo sospecha y desproporción de personal
El ente fiscalizador busca verificar si los convenios cumplieron los requisitos de ley, si los contratistas acreditaban los perfiles profesionales exigidos y si las tareas pactadas fueron ejecutadas. La alerta se encendió tras detectar graves inconsistencias en las vinculaciones.
Uno de los puntos más críticos salpica a la Liga de Fútbol del Tolima:
- Inconsistencias en registros: La liga habría solicitado la contratación de 12 entrenadores; sin embargo, en las planillas oficiales de Indeportes figuraban más de 35 personas vinculadas bajo esa misma figura.
- Cascada de salidas: La dimisión de Salazar se suma a la renuncia de Bibiana Rocío Romero, exdirectora deportiva del instituto, mientras la Gobernación revisa la permanencia de otros funcionarios y contratistas.
Gobernación fija postura y convoca junta directiva
La gobernadora Adriana Matiz ha sido enfática en señalar que quienes enfrenten indagaciones deberán responder ante la justicia por fuera del gobierno departamental. Matiz realizó una inspección presencial de varias horas en la sede de Indeportes y convocó a una junta directiva extraordinaria para reestructurar los criterios de contratación con las ligas deportivas.
Este remezón administrativo genera profunda incertidumbre en la preparación del Tolima de cara a los próximos Juegos Nacionales, mientras la Contraloría continúa recopilando pruebas para determinar si existió detrimento patrimonial.
