Comunidad se rebela por cobros pese a vía en mal estado.
La tensión en el municipio de Saboyá, Boyacá, alcanzó un punto crítico en las últimas horas tras el estallido de una protesta social que tiene como epicentro el peaje ubicado en la vía que conecta con Santander. Desde hace meses, la comunidad viene denunciando el pésimo estaboyacado de la carretera, una situación que consideran injustificable frente al cobro del peaje, lo que desató una reacción contundente: las talanqueras fueron levantadas y el recaudo quedó suspendido.
El conflicto se intensificó luego de una reunión sostenida en Curití, Santander, entre representantes de la comunidad e Invías. Allí, la entidad nacional solicitó restablecer el cobro durante la temporada de Semana Santa, argumentando el alto flujo vehicular. Sin embargo, la respuesta de los habitantes fue tajante: no habrá cobro mientras las condiciones de la vía sigan siendo deficientes y no se atiendan las necesidades de la población afectada.
Uno de los focos más sensibles de esta problemática es el corregimiento de Garavito, donde más de 200 habitantes aseguran estar directamente perjudicados por la ubicación del peaje. Según denuncian, este punto de cobro limita su acceso a servicios básicos como salud, educación y transporte, generando una carga económica y social que califican como insostenible.
Pedro Poveda, líder social, fue enfático al señalar que la comunidad no se opone al desarrollo, pero sí a lo que consideran una medida injusta. “No vamos a frenar la movilidad, pero tampoco vamos a permitir que se siga cobrando por una vía en mal estado. Aprovecharemos la temporada para visibilizar esta problemática”, afirmó.
La exigencia principal es clara: el traslado del peaje y la ejecución inmediata de obras que mejoren la infraestructura vial. Aunque se ha planteado una tarifa diferencial —actualmente en $3.800 con posibilidad de reducirse a $1.800— los habitantes aseguran que esta medida es insuficiente y no soluciona el problema de fondo.
Mientras tanto, se programó una nueva reunión para el próximo 15 de abril, donde se espera que Invías presente estudios socioeconómicos que permitan avanzar en una solución concreta. La comunidad, por su parte, mantiene su postura firme y advierte que no cederá hasta obtener respuestas reales.
El caso de Saboyá no solo evidencia una crisis local, sino que pone sobre la mesa un debate nacional: ¿es justo cobrar peajes en vías que no garantizan condiciones dignas? La respuesta, por ahora, sigue en manos de las autoridades, pero la presión social ya está haciendo ruido.
