El reclutamiento de menores en Colombia ha alcanzado niveles críticos, con un incremento del 300 % en los últimos cinco años según datos de Unicef a febrero de 2026. Los informes revelan que, en promedio, un niño es vinculado a filas ilegales cada 20 horas, siendo el año 2024 el periodo con mayor número de denuncias en casi una década. Según el Registro Único de Víctimas, de las 2.231 personas incluidas entre 2014 y 2024, el 25 % pertenece a comunidades indígenas y el 14 % son afrodescendientes. Esta vulnerabilidad étnica se concentra en Cauca, Nariño y Antioquia, donde la ausencia estatal facilita que grupos criminales recluten a menores desde los ocho años. El concejal Julián Rodríguez Sastoque denunció que las atenciones del ICBF aumentaron recientemente un 32 %, reflejando que este flagelo persiste y se ensaña contra las poblaciones rurales más desprotegidas.
Nuevas tácticas de seducción criminal
Las dinámicas de captación han evolucionado de la coacción física hacia métodos de persuasión digital y engaño. Actualmente, grupos criminales utilizan plataformas como TikTok para ofrecer falsas oportunidades de empleo a jóvenes en condiciones de pobreza, disfrazando el reclutamiento bajo promesas de dinero fácil y apoyo familiar. Además, se ha detectado una fuerte presencia de reclutadores en centros educativos y canchas de fútbol, donde aprovechan la falta de alternativas para los adolescentes. A diferencia de años anteriores, muchas estructuras preferidoras prefieren mantener a los menores en zonas urbanas para ejercer control territorial dentro de sus propias comunidades. Este cambio de estrategia dificulta el registro oficial de los casos, generando un subregistro que oculta la verdadera magnitud de una tragedia que afecta a niños desde los ocho años.
Verdad tardía y deudas pendientes
En el ámbito judicial, el antiguo secretariado de las Farc reconoció ante la JEP su responsabilidad en más de 18.000 casos de reclutamiento ilícito y violencia sexual. Este gesto ha sido calificado por diversos sectores como un movimiento calculado en vísperas del cierre electoral de 2026, dado que los implicados ya gozan de curules y beneficios políticos. Mientras tanto, las víctimas exigen que los mandos medios también comparezcan y que las sanciones restaurativas no deriven en impunidad por crímenes de lesa humanidad. La sociedad civil reclama que cualquier negociación futura con grupos actuales exija, como requisito innegociable, el cese inmediato de la vinculación de menores para romper definitivamente con el ciclo de violencia que hipoteca el futuro del país.
