La Registraduría respaldó la posición del Consejo de Estado que señaló que la reforma política que adelanta el Congreso, en materia de arquitectura electoral, “genera dudas” en la creación de un consejo electoral colombiano, la corte electoral y tribunales electorales.
La concentración de competencias de la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral a la nueva estructura planteada, “reduce las garantías a las organizaciones políticas, candidatos, elegidos y electores y amenaza la verdad electoral”, señala la Registraduría.
El proyecto de reforma política “no plantea el impacto fiscal que esta senda reforma le representa al país en tiempos de austeridad, ni se contempla un proceso de transición o de progresividad para su implementación, poniendo en riesgo la seguridad jurídica”.
Sin explicaciones
Adicionalmente, la entidad electoral añade que la exposición de motivos de las reformas constitucionales se “limita a señalar que la Registraduría concentra mucho poder, sin describir o explicar de qué se trata esa supuesta acumulación de poder”.
La nueva estructura planteada “concentra las competencias en materia electoral”, y recalca que dicha creación de otros órganos “sí presenta un riesgo de ostentar poderes desbordados que incluyen las funciones técnicas”.
Se afectaría calendario
Frente a la creación de nuevas autoridades, transfiriendo competencias de unas organizaciones como la Registraduría, que cumplen sus funciones constitucionales, “significan cambios trascendentales en las reglas ciertas que gobiernan los certámenes democráticos”.
A lo anterior, la autoridad electoral señala que cualquier modificación de ese tipo “afectaría” el calendario electoral del 2023, que inicia en el mes de octubre.
Finalmente, la hacen referencia al informe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea que “brinda un balance positivo de la organización y dirección de las pasadas elecciones”.
Que entre sus recomendaciones se encuentra, “consolidar la legislación electoral en un número limitado de leyes, idealmente en un Código Electoral y una ley de partidos y movimientos políticos”.
La nueva estructura planteada concentra las competencias en materia electoral y sí presenta un riesgo de ostentar poderes desbordados que incluyen las funciones técnicas y las de vigilancia y control de la actividad política, indica la Registraduría
Reforma política
La reforma política contenida en el Acto Legislativo 01 de 2003 estableció que la Registraduría Nacional del Estado Civil es un órgano de carácter técnico y el Registrador Nacional elegido por concurso de méritos por los presidentes de las Altas Cortes. Así ha sido reconocido por la honorable Corte Constitucional en Sentencia C-230A de 2008, donde se dispuso: “La independencia de la Registraduría Nacional del Estado Civil es garantía de neutralidad y genera la confianza de los ciudadanos y de quienes participan en el proceso electoral, pues la aplicación de criterios técnicos por parte de personas ajenas a cualquier influencia partidista, evita las posiciones sectarias y aleja el riesgo de parcialidad en la medida en que los encargados de administrar las elecciones desarrollan sus labores de manera políticamente neutral, sin mostrar adhesión hacia alguno de los competidores ni interés en un resultado específico.”.
Esta consideración garantiza la autonomía de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en cumplimiento de su función constitucional, hizo énfasis la Registraduría.
Peligrosas supresiones
El proyecto de reforma constitucional crea un Consejo Electoral Colombiano, suprimiendo el actual Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, sin describir de manera clara quienes serían los encargados de llevar a cabo las elecciones en los 1103 municipios del país, advierte la Registraduría.
El Proyecto de Ley Estatutaria No. 111 de 2022 Senado de Reforma al Código Electoral Colombiano presentado por el Gobierno Nacional, y aprobado por consenso en el Congreso de la República en el año 2020, es la iniciativa que fortalece el sistema electoral y la democracia colombiana, avanzando en transparencia y actualizando las normas anacrónicas y dispersas vigentes en materia electoral y dotando de mayor eficacia la justicia electoral.