Bogotá, 17 de octubre de 2025 — En un giro regulatorio que busca contener la escalada en las tarifas de la energía eléctrica, el Gobierno de Gustavo Petro ha emitido dos decretos que reconfiguran el mercado eléctrico colombiano. Las nuevas normas obligan a los generadores a pactar contratos a largo plazo y reducen el peso operativo del mecanismo de bolsa de energía, con el fin de mitigar la volatilidad de precios, especialmente para hogares vulnerables.
Qué cambian los nuevos decretos
Los decretos en cuestión son el 1072 de 15 de octubre de 2025, que adiciona una sección al decreto reglamentario 1073 de 2015, y el 1091, que acompaña el cambio general del modelo de contratación en el mercado eléctrico.
Algunos de los puntos más relevantes:
- Los generadores —especialmente los hidroeléctricos— deberán vender al menos el 95 % de su energía a través de contratos a largo plazo, en lugar de depender de transacciones diarias en la bolsa de energía.
- La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) tiene un plazo máximo de tres meses para diseñar instrumentos regulatorios que aseguren eficiencia, incentivos competitivos y mecanismos de contratación flexibles que respondan a la variabilidad del recurso hídrico.
- Se busca estabilizar las tarifas en el “mercado regulado” —esto es, los usuarios de estratos 1, 2 y 3— mediante mecanismos que atenúen las subidas causadas por fluctuaciones extremas, como las derivadas del fenómeno de El Niño.
- Los decretos también promueven el uso de fuentes de energía renovable (solar, eólica y pequeñas centrales hidroeléctricas) como parte de la transición energética anunciada por el Gobierno.
El Gobierno argumenta que la intervención es necesaria debido a la “falla estructural del mercado energético” y los efectos del cambio climático, que hacen que los precios de la bolsa sean especialmente sensibles en momentos de escasez hídrica.
Motivos y necesidades del cambio
El alza vertiginosa de las tarifas eléctricas ha generado preocupación generalizada. En la temporada seca, cuando los embalses bajan sus niveles, la generación hidráulica se ve limitada y se recurre a generación térmica más costosa. Esa dependencia de la bolsa —donde los precios pueden dispararse— complica el control del costo para los usuarios finales.
Además, se estima que más de 12 millones de hogares en Colombia pertenecen a los estratos más afectados por la volatilidad. En promedio, estos hogares destinan alrededor del 3,5 % de su presupuesto al pago del servicio eléctrico, lo que los hace más vulnerables ante aumentos bruscos.
Desde la perspectiva gubernamental, la normativa pretende recaudar estabilidad, reducir la exposición al mercado mayorista y alentar la inversión en capacidades energéticas menos volátiles.
Críticas y advertencias del sector
El anuncio regulatorio ha generado rechazo entre gremios como Acolgen y Andeg, que advierten sobre riesgos de efecto contrario: menor inversión, menor oferta energética y tensiones operativas.
Algunas de sus objeciones más citadas:
- Inviabilidad operativa: no siempre es posible predecir con certeza cuánta agua habrá para generación hidroeléctrica en cada hora. Obligar a cubrir el 95 % mediante contratos fijos puede generar sanciones e incumplimientos.
- Distorsión del mercado: eliminar o atenuar el papel de la bolsa centraliza la fijación de precios y puede debilitar mecanismos de competencia y eficiencia.
- Riesgos de inversión: el carácter obligatorio y rígido de algunas medidas genera incertidumbre para inversionistas, que podrían retraerse frente a reglas que podrían cambiarse abruptamente.
Gremios han pedido al Gobierno abrir espacios de diálogo técnico antes de aplicar de forma plena la medida, con miras a ajustar aspectos que consideren inviables o contraproducentes.
Riesgos y desafíos
- En periodos de escasez (como El Niño), los precios pueden seguir tensos si la oferta no responde con nuevas capacidades.
- Si los contratos a largo plazo no se estructuran correctamente, pueden generar costos adicionales o rigideces.
- Las normas deben conjugar estabilidad, incentivos y flexibilidad para que el sistema siga siendo competitivo y confiable.
- La calendarización rápida de implementación (tres meses para la CREG) crea presión en el diseño técnico y administrativo.
Contexto histórico
Este tipo de intervenciones estatales no es completamente novedoso en Colombia: en crisis anteriores, como la crisis energética de 2015-2016 —provocada por fenómenos climáticos y déficit en la generación— se usaron mecanismos de regulación y racionamiento como respuesta de urgencia.
Sin embargo, la actual medida es más estructural: no se trata sólo de paliar un pico, sino de cambiar el modelo de mercado eléctrico para que las tarifas no respondan exclusivamente al corto plazo.
Lo que viene
- La CREG debe diseñar e implementar nuevos instrumentos de contratación regulada, mecanismos flexibles y monitoreo de eficiencia.
- Se deberán ajustar regulaciones secundarias, tasas, sanciones y esquemas de incentivos para que contratos a largo plazo sean viables.
- La industria y los generadores buscarán negociar o impugnar aspectos del decreto que consideren lesivos o inviables.
- Desde sectores sociales se esperará que estas reglas efectivamente logren contener tarifas sin sacrificar calidad del servicio.