Por Ricaurte Losada Valderrama
La lucha por la tierra es el origen de nuestra violencia desde el inicio republicano. Problemas como el desplazamiento están ligados a este factor de producción.
La conquista consistió en arrebatarle la tierra a los habitantes primitivos, lo que aún no ha cesado; al contrario, tiende a concentrarse más. Luego, en los años 20 y 30 del siglo XX, la población creció, las tensiones en el campo aumentaron, se empezaron a agotar los baldíos accesibles y ya absurdamente el campo no es de los campesinos.
Parece increíble: en 1920 los campesinos constituían el 70 por ciento de la población; en los 60, ya era un 50 por ciento; antes de comenzar la década del 90, un 31 por ciento y al inicio del nuevo milenio, no llegan al 24 por ciento, es decir, menos de diez millones.
De continuar este vertiginoso descenso los campesinos quedarán solo en el recuerdo. Este hecho es insólito tratándose de un país con una inmensa vocación agropecuaria y sector con el que se podría competir en el mercado internacional y, por supuesto, abastecer la demanda interna.
«Es necesario ligar el pensamiento sobre el conflicto armado al futuro agrario. Se impone la redistribución de la tierra para que el campo se convierta en centro fundamental de trabajo y desarrollo y así crezca la semilla de la paz».
Es más, el 83 por ciento de la tierra pertenece al siete por ciento de los colombianos. En consecuencia, es necesario ligar el pensamiento sobre el conflicto armado al futuro agrario. Se impone la redistribución de la tierra para que el campo se convierta en centro fundamental de trabajo y desarrollo y así crezca la semilla de la paz.
Entonces, del solo problema agrario se desprende la lamentable conclusión de que hay una dominación económica que es política y social. Por lo tanto, este factor nos ha hecho violentos. De allí arranca gran parte de nuestra intolerancia.
A esto se aúna otro factor igualmente desequilibrante: en Colombia solo seis grupos económicos generan el 34 por ciento del Producto Interno Bruto, es decir, controlan más de la tercera parte de la economía: Sindicato Antioqueño, Santo Domingo, Luis Carlos Sarmiento Angulo, Carlos Ardila Lule y los grupos Holguín y Social.
Concentrados los medios de producción y, en consecuencia, el ejercicio político, se impone la necesidad de brindar oportunidades que posibiliten una redistribución del ingreso y de la riqueza y a través de ello, una real democratización económica y política. Este es el verdadero desafío para alcanzar la paz, pues hace tiempo el país debió entender que mejor propósito que acabar con los ricos, es terminar con la pobreza.
A lo anterior se suma el hecho de que con el modelo neoliberal que se implantó en Colombia a partir de la década de los 90, el Estado se achicó, cuando aún no había llegado a vastas extensiones del territorio y, menos aún, había cumplido su función social y de brindar seguridad a la población.
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Como lo expresa el expresidente de la Corte Constitucional, Jaime Araujo Rentería, en el prólogo de nuestro libro, Los Errores del 91, “… si existe una estructura agraria feudal, porque la tierra está concentrada en pocas manos, es necesaria una reforma agraria (…) para que la estructura deje de ser feudal y se convierta en una estructura verdaderamente capitalista”.
Por ello, como lo ha expresado la ministra Cecilia López, hay que hacer una reforma agraria sin timidez.