Por: Alina Constanza
El pasado mes de julio, el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, presentó ante la Asamblea Departamental un ambicioso proyecto de ordenanza que busca reestructurar la planta administrativa del departamento y crear nuevas dependencias como la Secretaría de Paz, la Secretaría de Minas y Transición Energética, y varias subsecretarías. Aunque la narrativa institucional defiende la propuesta como un paso hacia la consolidación de la paz territorial y la eficiencia gubernamental, la iniciativa abre interrogantes profundos sobre sostenibilidad fiscal, prioridades reales y posibles réplicas del clientelismo político.
¿Reformas estructurales o maquillaje burocrático?
Desde el discurso, la idea suena loable: más institucionalidad en los territorios abandonados, mayor atención a los jóvenes, y una transición energética urgente para una región rica en biodiversidad. Sin embargo, crear más secretarías no garantiza resultados, y menos si no existen recursos estables para su funcionamiento.
Según el Informe de Gestión Fiscal Territorial de la Contraloría General de la República (2023), Nariño reporta una dependencia crítica de las transferencias nacionales: más del 84% de sus ingresos provienen del Sistema General de Participaciones y el Sistema General de Regalías. El recaudo propio apenas cubre el 7,2% de los gastos de funcionamiento. ¿Cómo entonces se financiarán nuevas secretarías sin que ello implique recortes en programas sociales o más endeudamiento?
El aguardiente ya no paga la burocracia
La situación empeora si se considera que uno de los ingresos más importantes para el departamento la venta del aguardiente nariñense ha caído estrepitosamente. Entre 2016 y 2023, las rentas por licores en Nariño disminuyeron un 38%, afectadas por el contrabando, el cambio en hábitos de consumo y la ineficiencia en distribución. Apostar por ampliar la estructura administrativa sin resolver el hueco en los ingresos propios es irresponsable.
¿Dónde están las regalías de Nariño?
El verdadero problema de fondo es que Nariño ha sido uno de los más golpeados por la reforma del Sistema General de Regalías (SGR) promovida en 2020 durante el gobierno de Iván Duque. Antes, departamentos como Nariño eran beneficiarios directos por su producción minera o por sus necesidades de desarrollo; ahora deben competir en convocatorias centralizadas, muchas veces dirigidas desde Bogotá, con barreras técnicas que favorecen a grandes consultoras como la Universidad de los Andes y firmas privadas capitalinas.
El resultado es perverso: departamentos periféricos que no tienen músculo técnico suficiente son marginados de los recursos, y los contratos para formular y gestionar proyectos terminan en manos de “pulpos académicos” o intermediarios con más relaciones que conocimiento del territorio. Lo grave es que, aunque Nariño tiene universidades y profesionales capacitados, no se les incorpora en la cadena de valor de las regalías. La desconexión entre talento local y toma de decisiones nacionales es alarmante.
¿Paz territorial con más oficinas?
Si la intención es fortalecer la paz territorial, hay formas más eficaces y baratas de hacerlo que crear una Secretaría más. Por ejemplo, fortalecer las personerías municipales, ampliar los programas de justicia restaurativa comunitaria, o invertir en vías terciarias y conectividad digital. La institucionalidad no siempre se mide en organigramas, sino en resultados reales para la ciudadanía.
Según cifras del Observatorio de Desigualdad Regional del DANE (2023), el 42% de los municipios de Nariño tienen déficit institucional severo, pero no necesariamente por falta de oficinas, sino por falta de presencia efectiva del Estado: docentes sin nombrar, médicos sin contrato, policías sin gasolina. Crear una secretaría más en Pasto no resuelve eso.