La designación de Gabriel Jaime Melguizo Posada como presidente encargado de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) ha generado un proceso de reacomodo de poder en la compañía, con denuncias sobre presiones internas que buscan desplazar a funcionarios involucrados en la vigilancia de contrataciones internacionales, en un momento en que la empresa enfrenta inversiones proyectadas de hasta 2.000 millones de dólares en proyectos energéticos.
En las últimas horas, el presidente de la Red de Veedurías de Colombia, Pablo Bustos, pidió a la Procuraduría General que intervenga para investigar lo que calificó como indicios de presiones laborales y movimientos administrativos dirigidos a apartar del cargo a trabajadores que venían realizando seguimiento a contratos internacionales. Según los reportes recopilados por la Red, la llegada de Melguizo se produjo en medio de estos movimientos internos, especialmente en áreas claves para el futuro de ISA.
Entre los focos de tensión figura el proyecto Ventus, dirigido a fortalecer el sector de energía solar, desde donde se preparan inversiones que rondarían los 2.000 millones de dólares. En ese entorno, algunos denunciantes han destacado inquietudes acerca de supuestas cercanías entre Melguizo y el directivo Juan Emilio Posada, planteando interrogantes sobre el alcance de posibles influencias privadas en las decisiones estratégicas de la compañía.
Designaciones clave y sospechas sobre el manejo contractual
Las advertencias internas se han centrado en los recientes cambios en la estructura de negocios y contratación de ISA. Voces internas mencionadas por la Red de Veedurías han señalado la presencia destacada de Carlos Duque como figura central en la coordinación de procesos contractuales, mientras que desde el área de talento humano se menciona a Karen Medina, vicepresidenta de talento organizacional, como partícipe de cambios administrativos de alto impacto dentro de la entidad.
De acuerdo con los reportes elevados ante la Procuraduría, el ambiente laboral enfrenta una presión creciente sobre aquellos empleados que venían documentando y vigilando procesos contractuales internacionales. «La Red de Veedurías ha recibido reportes sobre un ambiente de presión laboral contra algunos trabajadores que venían documentando y vigilando procesos contractuales en diferentes países donde opera ISA«, indicó Bustos ante los organismos de control. Por esta razón, solicitó verificar de manera inmediata si se configuran hechos de acoso laboral, conflictos de interés o presiones indebidas en los cargos estratégicos de la empresa.
Al consultar sobre la gravedad de las denuncias, Bustos hizo énfasis en la función esencial de los entes de control para asegurar la neutralidad y el correcto funcionamiento de la compañía de energía. «Lo que está en juego es la transparencia y la independencia técnica de una de las empresas más estratégicas del sector energético colombiano«, advirtió el presidente de la Red de Veedurías.
En respuesta directa a la controversia, la Red ha instado a las autoridades a que las investigaciones se desarrollen bajo el respeto estricto de la presunción de inocencia, pero también bajo la premisa de que los intereses de inversión y la autonomía institucional de la energética no pueden verse comprometidos por intereses particulares ni prácticas de presión interna.
