La Fiscalía General de la Nación logró que un juez de control de garantías enviara a un centro carcelario a cinco presuntos integrantes de una red de corrupción señalada de favorecer actividades de contrabando vinculadas a Diego Marín Buitrago, conocido como “El Viejo” o “Papá Pitufo”. La información oficial sobre este proceso judicial se dio a conocer el 11 de marzo, tras las audiencias realizadas en Bogotá.
Entre los procesados aparece el excandidato al Senado Freddy Camilo Gómez Castro, además de cuatro exintegrantes de la Policía Nacional. Las autoridades identificaron también al capitán en retiro Faudel Luis Salazar Piñeros y a los patrulleros retirados José Luis Olaya Caicedo, Juan Miguel Jaramillo Mora y Édgar Humberto Bacca Suárez.
La Fiscalía imputó a los señalados los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias de servidor público y tráfico de influencias de particulares, de acuerdo con la posible responsabilidad individual de cada uno dentro de la estructura investigada.
Estructura criminal
Según la investigación, los procesados habrían integrado una red que facilitaba el ingreso irregular de mercancía por diferentes puertos del Caribe colombiano. Para lograrlo, la organización contactaba funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) y de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
La estructura ofrecía pagos ilegales conocidos como “cachetadas”, que podían alcanzar hasta 300 millones de pesos mensuales. Con esos recursos buscaban evitar controles y permitir el movimiento de contenedores con textiles, cigarrillos y otros productos que no contaban con documentación aduanera completa.
Las mercancías salían de los puertos y luego se trasladaban por vía terrestre hacia diferentes ciudades de Colombia, así como a destinos en Ecuador y Venezuela, lo que ampliaba el alcance de la operación de contrabando.
Roles señalados
De acuerdo con la Fiscalía, Freddy Camilo Gómez Castro promovía reuniones con funcionarios de entidades públicas y buscaba acercamientos con uniformados de la POLFA. La investigación indica que estos contactos pretendían favorecer los intereses de la organización vinculada a Diego Marín Buitrago.
Por su parte, Faudel Luis Salazar Piñeros, cuando ejercía como jefe de la División Operativa de la POLFA en Cartagena, habría direccionado a sus subalternos para permitir la salida de contenedores sin los requisitos legales. Además, la investigación señala que habría ordenado devolver mercancía de contrabando que ya había sido incautada.
En el caso de José Luis Olaya Caicedo, los investigadores indican que utilizó su experiencia en el área de talento humano de la Policía para identificar uniformados que pudieran colaborar con la red. También habría recolectado dinero de comerciantes en Cartagena para pagar sobornos.
Las autoridades atribuyen a Édgar Humberto Bacca Suárez la coordinación del ingreso de contrabando por los puertos de Barranquilla y Cartagena. Según las evidencias, incluso habría entregado dinero a un oficial retirado y a un intendente que en realidad actuaba como agente encubierto.
Proceso judicial
Finalmente, la investigación señala que Juan Miguel Jaramillo Mora, conocido como “Zorro”, coordinaba la entrega periódica de dinero a funcionarios captados por la organización. Incluso después de retirarse de la Policía, continuó ingresando a instalaciones policiales y portuarias haciéndose pasar como patrullero activo.
Tras evaluar los elementos probatorios presentados por la Dirección Especializada contra la Corrupción, un juez ordenó la medida de aseguramiento en centro carcelario para los cinco procesados. Durante las audiencias judiciales, ninguno de los implicados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.
Las autoridades continúan con el proceso investigativo para establecer el alcance total de la red y determinar si existen más funcionarios o particulares vinculados a estas presuntas actividades de corrupción y contrabando.
