La Hermana Maura Andrea Guerrero, rectora de la Institución Educativa San Francisco de Asís, reiteró su solicitud de desalojo de los vendedores informales ubicados en la carrera sexta de Ipiales. Esta petición surge a raíz de denuncias presentadas por algunos padres de familia, quienes aseguran que en estos puestos se estarían vendiendo sustancias prohibidas a menores de edad.
Denuncia
En un comunicado oficial, la religiosa manifestó: “No estamos en contra del trabajo, pero si solicitamos la reubicación de los vendedores estacionarios de la carrera sexta, porque están ubicados en una zona escolar. Lamentablemente, en medio de dulces y mecatos, se camufla la venta de productos no saludables y bebidas embriagantes, como chapil.
Existe una denuncia ante la Inspección de Policía sobre la venta de una bebida alcohólica a una menor de edad, la cual habrían sido camuflada en un envase de gaseosa. Esta situación es razón suficiente para insistir a las autoridades competentes una respuesta oportuna y contundente, en procura del bienestar y la seguridad de las 900 estudiantes que transitan a diario por la carrera sexta, Lo anterior amparados en la Ley 1098 de 2006.”
Reubicación
Por su parte, desde la Subsecretaría de Espacio Público se indicó que, tras recibir las denuncias, se han iniciado diálogos con los vendedores con el fin de entablar un proceso de reubicación.
“En total son siete personas las que trabajan en este sector: seis de ellas son adultos mayores, y una joven que mantiene económicamente a un menor, por lo que un desalojo no es la medida adecuada. Debe realizarse un estudio para determinar en qué lugar se puede reubicar a estas personas”, explicaron.
Además, señalaron que a la persona que vendió el licor artesanal en un envase de gaseosa, se le impuso el respectivo comparendo por parte de la Policía. Y añadieron que la dependencia cuenta con 15 gestores de convivencia pendientes de los vendedores estacionados, y con ellos se realizan los controles en todo el municipio.
Finalmente, una de las vendedoras expresó que, junto con su madre, han trabajado en ese punto durante 29 años y cuentan con los permisos correspondientes. Además, señaló que los señalamientos de la rectora vulneran su derecho al trabajo y las estigmatizan.
“Hemos querido hablar con ella, pero no hemos recibido una respuesta favorable. Este es mi único sustento, con el que mantengo a mis tres hijos y a mi madre. Para mí, un desalojo sería muy difícil. Varias administraciones nos han permitido trabajar aquí, y esperamos que ahora se llegue a un consenso”, concluyó.