El presidente Gustavo Petro afirmó que la entrega de cerca de 48 billones de pesos en créditos rurales durante su gobierno ha sido uno de los factores clave del buen desempeño económico del país. Según el Mandatario, este volumen histórico de financiamiento al campo permitió dinamizar la producción, el empleo y el crecimiento económico, y ayudó a reducir la dependencia de sectores como los hidrocarburos, lo que calificó como una salida de la llamada “enfermedad holandesa”.
El jefe de Estado hizo estas afirmaciones a partir del balance presentado por Finagro, que reportó una colocación récord de 48,1 billones de pesos en crédito de fomento durante 2025, con una participación mayoritaria de pequeños productores entre los beneficiarios. Para Petro, el debate ya no gira en torno a si existe crédito rural, sino a la necesidad de garantizar su sostenibilidad en el tiempo y convertirlo en una política estructural del Estado.
En ese contexto, el Presidente defendió la ampliación del mecanismo de “inversión forzosa”, un instrumento mediante el cual parte de los recursos del sistema financiero se direccionan hacia la banca pública y los fondos de fomento para financiar sectores considerados estratégicos, especialmente el agro. Petro sostuvo que este mecanismo se ha debilitado en los últimos años y planteó fortalecerlo para que no solo impulse al campo, sino también a pequeños y medianos productores urbanos y a la industria exportadora, preferiblemente bajo esquemas asociativos.
Además, el Mandatario insistió en que la evaluación del crédito no debe limitarse al número de operaciones realizadas, sino que debe centrarse en el volumen total de recursos desembolsados y en su distribución. En particular, pidió analizar cuántos recursos llegan efectivamente a pequeños y medianos productores frente a los grandes actores, y cuáles son las ramas económicas que concentran el financiamiento.
Petro también abordó la relación entre el crecimiento del empleo rural y la persistente informalidad en el campo. Reconoció que el empleo ha aumentado, pero señaló que la falta de formalización se debe, en buena parte, a que el sistema pensional vigente no incluye al campesinado ni a los trabajadores por cuenta propia. En ese sentido, aseguró que la formalización laboral rural y urbana depende de la entrada en vigencia de la reforma pensional aprobada por el Congreso.
El Presidente criticó al magistrado Jorge Enrique Ibáñez por frenar la aplicación de dicha reforma en la Corte Constitucional y afirmó que esta situación bloquea la posibilidad de que campesinos y productores medianos accedan a pensión y a esquemas formales de protección social. No obstante, destacó que su Gobierno ya ha ampliado la cobertura de bonos pensionales para población mayor y vulnerable del campo.
En el plano de la política agraria, Petro señaló que aún hay pendientes legislativos y administrativos clave, como la aprobación de la jurisdicción agraria y la aceleración de la reforma agraria. Subrayó que el fondo público de tierras y su entrega efectiva al campesinado deben avanzar con mayor rapidez, y pidió a la Agencia Nacional de Tierras mejorar su eficiencia para cumplir las metas antes de finalizar el actual periodo de gobierno.
El Mandatario concluyó que el crédito, la tierra y la formalización laboral deben avanzar de manera articulada. A su juicio, sin acceso a la tierra y sin un sistema pensional que incorpore al campesinado, el financiamiento productivo pierde impacto y la informalidad se mantiene.
Finalmente, Petro encargó a la Superintendencia Financiera, en cabeza de César Ferrari, la elaboración de un informe público que permita conocer en detalle la distribución real del crédito en Colombia. Solicitó datos claros sobre el volumen de la inversión forzosa, el destino sectorial de los recursos y la proporción del crédito que llega a pequeños, medianos y grandes productores. Para el Presidente, esta “radiografía” del sistema financiero será clave para evaluar si el crédito está impulsando la producción y el empleo o si sigue concentrándose en los mismos actores y actividades, con impactos limitados en el desarrollo económico y ambiental del país.
