La magnitud de los daños ocasionados por el terremoto del pasado 10 de agosto empieza a dimensionarse con mayor precisión. Una evaluación conjunta del PNUD y la UNGRD estima que las pérdidas físicas directas en estructuras ascienden a $42,1 billones, una cifra que podría aumentar a medida que avancen las evaluaciones en las zonas afectadas.
Un mes después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió diferentes regiones del país, Colombia enfrenta ahora uno de los mayores retos de reconstrucción de las últimas décadas. El desafío no solo consiste en recuperar las viviendas destruidas, sino también en restablecer hospitales, colegios, vías, acueductos y demás infraestructura necesaria para que miles de familias puedan recuperar su vida cotidiana.
De acuerdo con la evaluación RAPIDA elaborada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y otras entidades, los daños físicos directos alcanzan aproximadamente $42,1 billones, equivalentes al 2,3 % del Producto Interno Bruto del país.
Vivienda, el sector más golpeado
La mayor parte de los daños corresponde a las viviendas. Según el informe, las afectaciones en este sector representan cerca de $37,4 billones, mientras que los daños en infraestructura de salud, educación y espacios comunitarios llegan a unos $4,8 billones.
La evaluación también establece que más de 225.000 estructuras resultaron afectadas, entre ellas más de 217.000 viviendas. Además, más de 406.000 personas fueron reportadas como afectadas por el desastre.
El impacto se concentra especialmente en departamentos como Risaralda, Valle del Cauca, Chocó, Caldas y Quindío, donde las autoridades continúan realizando inventarios para determinar con mayor exactitud las necesidades de cada territorio.
El Gobierno había calculado inicialmente más de $30 billones
Las primeras estimaciones entregadas por el Gobierno apuntaban a una inversión superior a $30 billones para reconstruir las zonas afectadas. En ese cálculo inicial se contemplaban $24,5 billones destinados a edificaciones y otros $5,5 billones para infraestructura.
Sin embargo, las evaluaciones posteriores han elevado la dimensión económica del desastre. El cálculo de $42,1 billones corresponde a daños físicos directos y no necesariamente representa el costo final de todo el proceso de recuperación.
A esta cifra deberán sumarse otros gastos relacionados con la atención de las familias damnificadas, la recuperación económica, la reactivación de las zonas afectadas y la construcción de infraestructura con mejores condiciones de resistencia.
El problema: ¿de dónde saldrá el dinero?
La reconstrucción representa un enorme desafío para las finanzas públicas. El Gobierno ha planteado la creación del Fondo Milagro, mecanismo destinado a concentrar recursos públicos y privados para financiar parte de las obras de recuperación.
El Ejecutivo también ha anunciado mecanismos para facilitar la participación del sector privado y acceder a financiación internacional. Entre las medidas se encuentra la utilización de créditos y recursos destinados a atender las necesidades más urgentes de las regiones afectadas.
El presidente Abelardo De la Espriella también ha planteado la participación de empresarios y entidades financieras en el proceso de reconstrucción, especialmente en proyectos de vivienda e infraestructura.
Una reconstrucción que podría tardar años
El tamaño de los daños hace prever que la recuperación no será inmediata. Las autoridades tendrán que avanzar simultáneamente en la demolición de estructuras en riesgo, construcción de viviendas, recuperación de vías y servicios públicos, atención de hospitales y colegios y reactivación de las economías locales.
Por ahora, los $42,1 billones representan una estimación de los daños físicos directos, por lo que el costo total de devolver la normalidad a las regiones afectadas podría ser superior.
Colombia entra así en una nueva etapa después de la emergencia: pasar de las labores de rescate y atención humanitaria a una reconstrucción de gran escala que pondrá a prueba la capacidad financiera, institucional y administrativa del Estado.
