Organizaciones de derechos humanos y autoridades regionales han manifestado preocupación por el presunto aumento en el reclutamiento de jóvenes por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en distintas regiones del país.
De acuerdo con informes recientes, el grupo armado estaría utilizando incentivos económicos y promesas de “oportunidades” para atraer a menores de edad y jóvenes en situación de vulnerabilidad social y económica. Líderes comunitarios señalan que en áreas rurales con altos índices de desempleo y limitada presencia estatal, estas estrategias encuentran terreno fértil.
“El discurso suele presentarse como una oferta de ayuda o estabilidad, pero termina vinculando a los jóvenes a estructuras ilegales”, explicó un defensor de derechos humanos que pidió reserva de su identidad.
Las autoridades han reiterado que el reclutamiento forzado o inducido constituye una grave violación al Derecho Internacional Humanitario y han anunciado operativos para prevenir estos hechos. Sin embargo, expertos advierten que la solución no puede limitarse al componente militar, sino que requiere inversión social sostenida, educación y oportunidades laborales reales.
Familias afectadas denuncian que la presión ejercida en algunos territorios dificulta la denuncia formal, lo que podría estar ocultando la magnitud real del fenómeno.
Mientras tanto, organizaciones sociales insisten en que la protección de la niñez y la juventud debe ser prioridad nacional, especialmente en zonas donde el conflicto armado mantiene influencia activa.
Nicolás Espitia R.
Caricaturista
