La intervención del Gobierno a la Nueva EPS volvió a encender una fuerte polémica en el sistema de salud colombiano, luego de que altos funcionarios de la Superintendencia señalaran que el proceso habría sido ilegal y lleno de irregularidades.
¿Por qué dicen que fue ilegal?
Siete superintendentes delegados del sector salud denunciaron ante la Procuraduría que la intervención no cumplió con los requisitos legales ni técnicos exigidos.
Entre los principales cuestionamientos están:
- Falta de requisitos del interventor: el designado, Jorge Iván Ospina, no cumpliría con la experiencia mínima exigida en el sector salud.
- Violación del debido proceso: se habrían omitido pasos clave como estudios técnicos, conceptos previos y recomendaciones formales.
- Decisión sin respaldo interno: funcionarios aseguran que el comité técnico incluso habría recomendado no intervenir nuevamente la entidad.
- Irregularidades en la resolución: se denuncian inconsistencias en los documentos oficiales y en la justificación de la medida.
Un choque dentro del mismo Gobierno
El caso evidencia una división interna: mientras desde la Superintendencia se cuestiona la legalidad del proceso, el Gobierno ha defendido la intervención como parte de su estrategia para controlar la crisis del sistema de salud.
Además, la polémica se da en medio de cambios en la dirección del sector y decisiones del presidente Gustavo Petro para aumentar el control estatal sobre las EPS.
¿Qué está en juego?
La Nueva EPS es la aseguradora con más afiliados del país (más de 10 millones), por lo que cualquier irregularidad en su intervención podría afectar a millones de usuarios y abrir procesos disciplinarios o judiciales contra funcionarios involucrados.
