El Gobierno nacional decretó un aumento del 23,7 % en el salario mínimo para 2026, lo que eleva el ingreso mensual —incluido el auxilio de transporte— a cerca de dos millones de pesos. La decisión, tomada tras no lograrse un acuerdo con empresarios y centrales obreras, ha generado una fuerte controversia en el ámbito político y económico.
Uno de los pronunciamientos más visibles fue el del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien criticó duramente la medida. A través de redes sociales, aseguró que el presidente Gustavo Petro “endulza el oído de los trabajadores”, pero que en la práctica la decisión podría traducirse en menos empleo, mayor informalidad y presión sobre las empresas, especialmente las pequeñas y medianas. Según Uribe, incrementos de este tamaño no garantizan una mejora real en la calidad de vida si no están acompañados de crecimiento económico y productividad.
Desde el mismo sector político, otros dirigentes de oposición compararon la política salarial del Gobierno con experiencias fallidas en otros países de la región, advirtiendo que subir salarios por decreto no crea riqueza y podría acelerar la inflación y el cierre de empresas.
En contraste, el Ejecutivo ha defendido el aumento como una medida necesaria para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, reducir la desigualdad y dinamizar el consumo interno. Desde el Gobierno se insiste en que el ajuste responde al contexto social del país y a la necesidad de garantizar ingresos dignos.
El anuncio ha abierto un amplio debate nacional entre sectores políticos, gremios empresariales, sindicatos y analistas económicos, quienes discuten los posibles efectos del incremento salarial sobre el empleo, la inflación y la sostenibilidad económica durante 2026.